El Gobierno venezolano presentó al Parlamento una reforma legislativa que busca extender a los medios electrónicos las regulaciones legales sobre la radio y la televisión, informaron hoy diputados oficialistas y opositores.
La modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, fue enviada a la Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría oficialista, por el vicepresidente del país, Elías Jaua.
Juan José Molina, diputado del partido izquierdista Podemos, ex aliado del oficialismo, dijo este jueves que el proyecto propone una "reforma general" de la ley, que incluye "establecer un control a los proveedores de internet y medios electrónicos, incluso hasta el servicio de suscripción por cable".
Por su parte, el diputado oficialista Manuel Villalba indicó que la modificación legal no busca "restringir el uso de internet, sino incorporar a los proveedores de servicios en la red y medios electrónicos a los parámetros de responsabilidad en la difusión y recepción de mensajes".
Villalba hizo la aclaratoria para adelantarse "a la manipulación que seguramente harán" del contenido de la reforma "los medios que sirven a los intereses de la oposición", informó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Según la agencia estatal, el proyecto será revisado por la Comisión de Medios del Parlamento unicameral antes de ser discutido por la plenaria, sin precisar una fecha.
La misma fuente indicó que la propuesta de modificación "incorpora los textos" como sujetos de la ley, que hasta ahora solo se aplica a "imagen, sonido o contexto".
La reforma plantea, entre otras, prohibir la difusión a través de radio, televisión y medios electrónicos de mensajes que "pudieran inducir al magnicidio" o que "constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público", informó por su parte el diario El Universal.
También que la estatal "Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podrá ordenar a los proveedores de servicios de Internet, restringir el acceso a mensajes y portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos" que emitan ese tipo de conceptos, añadió el rotativo en su página web.
Si alguno de los medios sujetos a la ley divulga los mensajes que inducen al magnicidio o contribuyen a generar zozobra, serán multados con el equivalente al "10 por ciento de los ingresos brutos" en el último año y la suspensión de hasta por 72 horas continuas, de acuerdo a la prensa local.
En Venezuela han sido detenidas algunas personas por haber "instigado" al asesinato del presidente del país, Hugo Chávez, a través de mensajes y fotos difundidos en la red social Twitter, y también por difundir por ese mismo medio falsedades sobre la banca.
En marzo pasado, Chávez solicitó apoyo de la Fiscalía para actuar contra "delitos" en páginas web, después de que un portal nacional publicara la falsa muerte del entonces ministro y director de la Conatel, Diosdado Cabello.
"La Internet no puede ser una cosa libre, cada país tiene sus normas, la regulación y las leyes. Todas esas páginas tienen un administrador y hay que actuar en esto", dijo entonces el mandatario venezolano.
Chávez negó en marzo que su Gobierno "revolucionario" tuviera la intención de limitar la libertad de expresión, y pidió a sus seguidores utilizar la internet como un arma para defender la "revolución" y neutralizar las "corrientes conspirativas" que circulan en la red.