El Gobierno de Uruguay busca una salida desesperada del laberinto en que se ha metido con su proyecto parlamentario de anular la ley que impidió juzgar a los represores de la dictadura (1973-1985), que puede tener un alto costo político para el presidente José Mujica, coincidieron hoy varios expertos.
Un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que busca dejarla sin efecto, fue aprobado el pasado mes en la Cámara de Senadores, con los votos exclusivos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que tiene la mayoría.
El próximo 19 de mayo la iniciativa regresará a los diputados, que previamente le dieron su visto bueno pero tienen que ratificar modificaciones menores de los senadores, para recibir "el golpe de gracia", lo que abriría la puerta al reinicio de juicios o el comienzo de nuevas acciones judiciales contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante el Gobierno de facto.
"Lo que está a estudio del Parlamento no es una ley interpretativa sino modificativa. Se busca anular la ley aunque no se diga así de claro", dijo a Efe el exvicepresidente uruguayo Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional (Blanco) y experto en derecho constitucional.
Mujica sorprendió el miércoles al reunirse sin previo aviso con los diputados oficialistas, que también son mayoría en la Cámara Baja, y advertirles sobre las dificultades que enfrentará el Gobierno si finalmente se aprueba el proyecto, aunque no pidió expresamente que se dejara de lado la propuesta.
El vicepresidente y presidente del Parlamento, Danilo Astori, que acompañó a Mujica en la reunión, dijo a los diputados que el expresidente frenteamplista Tabaré Vázquez (2005-2010), del que fue ministro de Economía y llegó a ser considerado su "delfín", "comparte las inquietudes" del Gobierno.
Astori ya anticipó la semana pasada que la cuestión ponía "en juego la credibilidad del Frente Amplio".
El vicepresidente, que se opone a la interpretación legal pero dio su voto en el Senado por disciplina partidaria, sugiere revocar actos administrativos de Gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Ley de Caducidad.
Esa posibilidad fue mencionada también en el Parlamento por el experto constitucionalista Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
La Ley de Caducidad otorga al Gobierno de turno la potestad de decidir si los procesos deben ser investigadas, algo que Vázquez y Mujica aprovecharon para activar algunas causas, no así sus antecesores.
El Plenario del Frente Amplio, que agrupa a socialistas, comunistas, socialdemócratas y a los exguerrilleros tupamaros, entre otros, ha impuesto a sus legisladores votar el proyecto interpretativo, pero no ha podido evitar las discrepancias internas.
Algunas tan fuertes como las del senador Eleuterio Fernández Huidobro, que tras votar a favor del cambio legal renunció, y la de su colega Jorge Saravia, que fue expulsado del grupo político al que pertenece, uno de los que integra el FA.
Lo "más grave" en la iniciativa oficialista desde el punto de vista de la Constitución es que "desconoce" que la población fue llamada dos veces a pronunciarse y "en ambas confirmó la ley" destacó Aguirre.
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 y refrendada en las urnas por la ciudadanía en 1989 y en 2009, en ambas ocasiones por iniciativa de la izquierda.
El abogado Pablo Mieres, líder del Partido Independiente con representación en la Cámara de Diputados, dijo que Mujica "busca evitar el desastre" que supondría la aprobación del proyecto.
Sobre todo tomando en cuenta que la izquierda hizo en el pasado una bandera de las consultas populares, como la que impidió en 1992 la privatización de varias empresas estatales estratégicas
Mieres recordó que su partido "se opone desde siempre" a la Ley de Caducidad pero "la población ya se expresó con claridad y se debe respetar, nos guste o no".
El pasado mes de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.
Además, el tribunal señaló que la Ley de Caducidad no puede ser un obstáculo para realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecer y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas".
Jorge Figueroa
