El Gobierno chileno recurrió a la Ley de Seguridad del Estado en la región austral de Magallanes, donde los vecinos esperan intensificar a partir de esta medianoche el bloqueo de vías que mantienen desde el miércoles para impedir el alza del 16,8% en el precio del gas.
"Atendido que ciertos dirigentes no han tenido ningún límite para cerrar calles, carreteras, puertos y aeropuertos, nuestro Gobierno ha resuelto presentar acciones judiciales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado", anunció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
"Las conductas han sobrepasado lo que es una legítima protesta ciudadana", defendió Hinzpeter al término de la ceremonia de juramento de los nuevos ministros del gabinete, en el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno.
En ese acto, el ministro de Minería, Laurence Golborne, asumió también la cartera de Energía en reemplazo de Ricardo Raineri, cuya gestión al frente de la crisis del gas en Magallanes fue cuestionada tanto en las filas de la oposición como en los partidos de gobierno.
Al ser preguntado sobre si le habían informado de que sería aplicada esa ley antes de asumir su cargo, Golborne se limitó a señalar que "las materias del Ministerio del Interior son materias del Ministerio del Interior".
En todo caso, el ministro consideró "positiva" cualquier medida que busque mantener el orden público.
La Asamblea de Magallanes decidió hoy prescindir de la mediación del obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, y pidió dialogar directamente con el nuevo titular de Energía, que goza de gran popularidad por su labor en el rescate de los 33 mineros de Atacama.
Sin embargo, el diálogo está roto desde la noche del sábado, cuando la Asamblea rechazó la oferta del Gobierno de elevar el precio del gas de acuerdo a la inflación de 2010, que se situó en el 3%.
La propuesta incluye una mesa de trabajo para elaborar un proyecto de ley que fije el reajuste de las tarifas a largo plazo.
Hasta ahora, las negociaciones han estado a cargo del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que viajó a Santiago para ejercer como ministro de fe en la ceremonia de juramento y compareció junto a Hinzpeter para informar de las nuevas medidas.
En tanto, los dirigentes vecinales anunciaron que a partir de las 00.00 horas del lunes recrudecerán los bloqueos y sólo permitirán el paso de vehículos de emergencia, mientras centenares de turistas permanecen varados en la región.
Los vecinos flexibilizaron el paro ayer, lo que permitió a las Fuerzas Armadas y de Seguridad trasladar a más de 3.000 viajeros hasta aeropuertos y pasos fronterizos, pero medios locales señalan que la Asamblea ha vuelto a impedir los vuelos de la Fuerza Aérea.
En cambio, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, anunció hoy que la asociación abandonará las movilizaciones e hizo un llamamiento a aceptar la oferta del Gobierno.
Por su parte, un conglomerado de sindicatos que aúna a más de 120.000 trabajadores del cobre, la metalurgia y el petróleo de todo el país, amenazaron este domingo con sumarse al paro en apoyo a las protestas en Magallanes.
Además, los trabajadores de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) amenazaron el viernes con cortar a partir de mañana el suministro de gas a la canadiense Methanex, que lo emplea para producir metanol.
El Gobierno afirma que es necesario aumentar el precio del gas para hacer más atractivas las inversiones, advierte de que las reservas se pueden agotar de aquí a 2017, y alega que los magallánicos pagan una octava parte por la misma cantidad de ese combustible que en otras partes del país.
Sin embargo, los vecinos sostienen que el gas es vital en esa región austral, sometida a bajas temperaturas durante todo el año, y que ellos han de pagar más por la mayoría de productos que se importan desde otras zonas de país.
