El Parlamento de Panamá ratificó la pasada madrugada el nombramiento del abogado Giuseppe Bonissi como procurador suplente, ante la separación del cargo de la titular, Ana Matilde Gómez, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ser investigada judicialmente, informaron fuentes parlamentarias.
Bonissi, de 47 años, fue designado a finales de enero por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, mientras dure el proceso judicial que le sigue la Procuraduría de la Administración a Gómez, por las acusaciones de extralimitación de funciones y otros delitos en su contra.
El nuevo procurador suplente contó con los votos de la bancada oficialista, mientras diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) advirtieron que con la ratificación se violó la Constitución Nacional.
El PRD sostiene que el nombramiento del procurador suplente correspondía, según la Constitución, a la procuradora titular y no al Consejo de Ministros.
Bonissi, un experto en litigios en asuntos administrativos, gubernamentales, tribunales civiles, comerciales y penales, debe tomar posesión hoy del cargo.
Mientras, la procuradora Gómez, a quien se le notificó oficialmente de su separación del cargo, solicitó hoy un recurso de reconsideración.
"De acuerdo a las normas y si se me respeta el derecho, este es un recurso que debe suspender la medida (de separación)", dijo hoy Gómez en una rueda de prensa, donde dio a conocer su gestión al frente de que la Procuraduría General (figura similar a la de la Fiscalía General) durante los últimos cinco años.
"Yo no puedo renunciar al cargo que ocupo (porque) la historia ha puesto sobre mis hombros una responsabilidad que no puedo eludir, aunque esto me pudiera significar una condena injusta y políticamente dispuesta con pena de prisión", precisó.
Expresó su protesta por lo que llamó "las violaciones" a sus "derechos" e informó que su despacho gestionaba 42 procesos, entre ellos, contra un magistrado de un Tribunal Superior, cuatro ministros y dos viceministros de Estado.
Asimismo, destacó que a ese despacho está por llegar el caso Cemis, un presunto soborno millonario en la Asamblea Nacional hace seis años, donde también se relacionan con la ratificación de dos altos funcionarios del Órgano Judicial.
Los cargos contra Gómez surgieron después de que el ex fiscal Arquímedes Sáez presentara en julio de 2009 una querella acusándola de extralimitación de funciones y abuso de autoridad por intervenir sin autorización judicial su teléfono en una investigación que se le seguía por supuestamente recibir un soborno en 2007.
