El Congreso de los Diputados (la cámara baja del Parlamento español) convalidó hoy una nueva normativa que completa la reforma laboral aprobada hace un año y lo hizo sólo con los votos de los socialistas españoles y gracias a la abstención de los nacionalistas vascos y catalanes.
Esta nueva norma busca introducir una mayor flexibilidad en el ámbito laboral español para facilitar la creación de empleo.
Las abstenciones de Convergencia i Unió (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que no han estado claras hasta el último momento, han permitido al Gobierno español pasar el trámite de la convalidación, al que ahora seguirá la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
Las nuevas normas convalidadas hoy por el Congreso atañen especialmente a la regulación de la negociación colectiva entre las empresas y los representantes de los trabajadores.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró satisfecho por la convalidación en el Congreso y opinó que ayudará a la creación de empleo y a la flexibilidad en las empresas.
Y lo hará, aseguró, "manteniendo lo que es la tradición de las relaciones laborales".
El documento aprobado fija, entre otras cosas, el plazo máximo para renovar un convenio colectivo entre 8 y 14 meses.
Si no hay acuerdo, las diferencias se llevarán a las comisiones paritarias de las empresas (formadas por los representantes de los trabajadores y del empresario) y si tampoco es posible el consenso sindicatos y compañía irán "obligatoriamente" al procedimiento de arbitraje de un tercero.
Además, el Gobierno español se ha comprometido con CiU a incluir en el preámbulo de la ley que recogerá la reforma la vinculación entre salarios y productividad, según dijo el portavoz parlamentario de los nacionalistas catalanes, Josep Antoni Duran Lleida.
Si bien reconoció que la incorporación de este precepto en el preámbulo carece de fuerza jurídica, puesto que la fijación de los salarios tiene que ser acordada entre patronos y trabajadores, Duran hizo hincapié en que ello permitirá marcar una pauta para los futuros convenios.
Esta nueva normativa no ha gustado al movimiento de ciudadanos "indignados" que desde el pasado 16 de mayo protestan en diversas ciudades españolas para reclamar un cambio social y una regeneración democrática.
Para expresar este rechazo ayer de nuevo un centenar de "indignados" se concentró en las inmediaciones del Congreso, en el centro de Madrid, para protestar contra la nueva normativa de la reforma laboral y contra el Pacto del Euro.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pedido una reforma laboral más "valiente" en España que abarate más el despido, desvincule subidas salariales e inflación y dé prioridad al convenio de empresa en lugar del sectorial.
El organismo, que elogia la respuesta "rotunda y amplia" del Gobierno durante el último año, advierte también de que la recuperación es "incompleta" y los riesgos "considerables".
Ante esa situación, el Fondo, que publicó hoy su informe con la revisión periódica de la economía española, insta al Gobierno a no bajar la guardia e impulsar la reforma fiscal y financiera, así como "un fortalecimiento audaz de las reformas laborales".
