El Congreso Nacional de Honduras eligió el domingo al nuevo fiscal general del Estado, el oficialista Luis Alberto Rubí, y a su adjunto, el opositor Roy Urtecho, para un período de cinco años a partir del 9 de marzo próximo.
Los nuevos jefes del Ministerio Público, que requerían el voto de dos tercios de los 128 miembros del Parlamento, fueron elegidos con el apoyo de la bancada del gobernante Partido Liberal (62) y del opositor Partido Nacional (55), ambos los mayoritarios del país.
Rubí sustituirá al nacionalista Leónidas Rosa Bautista como fiscal general y Urtecho al liberal Omar Cerna como fiscal adjunto.
Ambos fueron propuestos el sábado, junto a otros tres candidatos, por una junta externa, pero su elección fue producto de negociaciones entre las dos fracciones mayoritarias.
El nuevo fiscal general, de reconocida militancia liberal, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) en gobiernos anteriores, y es hermano de la directora de la Marina Mercante, Vera Rubí.
Urtecho es magistrado de la Corte de Apelaciones del departamento central de Comayagua, preside la asociación de magistrados y jueces del Poder Judicial y fue avalado por el Partido Nacional.
Esta elección repitió, por enésima vez, el tradicional reparto de los altos cargos del Estado entre los dos partidos mayoritarios de Honduras a pesar de que los candidatos los propuso una junta formada por representantes de otros entes estatales y gremios.
Los tres partidos minoritarios, que suman 11 diputados, votaron en contra o se abstuvieron.
Una agrupación de fiscales y organizaciones de la sociedad civil pedían, afuera del Parlamento, que se eligiera a personas sin nexos con los partidos tradicionales, que garantizaran la independencia y una verdadera lucha contra la corrupción en el Ministerio Público.
Uno de los principales señalamientos contra la institución, y que motivó una huelga de hambre de fiscales a mediados de 2008, es que avala la impunidad al paralizar investigaciones sobre casos sonados de corrupción.
El Parlamento tenía un mes de plazo para elegir a los nuevos fiscales, pero dado el consenso político lo hizo hoy, entre otros asuntos que trató en inusuales sesiones de fin de semana.
La elección no fue conflictiva como la de la Corte Suprema, el 25 de enero pasado, cuando emisarios del presidente Manuel Zelaya supuestamente amenazaron con dar un golpe de Estado si el Parlamento no reelegía a la magistrada Sonia Dubón de Flores, esposa del ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
