El Parlamento de Guatemala ratificó hoy la adhesión de este país centroamericano a la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual permitirá enjuiciar a los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en esta nación.
El decreto fue aprobado por 137 de los 158 diputados al Congreso, por iniciativa del oficialista Partido Patriota (PP), que atendió el ofrecimiento hecho por el presidente Otto Pérez Molina, quien en su discurso de toma de posesión ofreció la ratificación de la CPI.
"Nuestro compromiso con el Estado de Derecho en todas sus expresiones nos conducirá a buscar la ratificación del Estatuto de Roma, para pasar a formar parte de la CPI, una muestra de nuestro deseo de transitar a un futuro donde impere la ley y el respeto por todos los derechos humanos de todos los pueblos y de todas la naciones", dijo Pérez Molina el pasado 14 de enero.
Aunque Guatemala suscribió el Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI en julio de 1998, los bloques parlamentarios que han dominado el Congreso se habían opuesto a su ratificación por temor a que ese instrumento fuera utilizado para procesar a los ex altos cargos militares señalados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra de 36 años que padeció este país.
La CPI tiene como objetivo ventilar casos de lesa humanidad como genocidio, tortura y terrorismo de Estado, entre otros, pero su aplicación no tiene carácter retroactivo por lo que no se podría aplicar por casos ocurridos en el pasado.
En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua son ahora los únicos países que no han ratificado la CPI, la cual fue aprobada por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, a pesar de las presiones que desde su creación han ejercido las organizaciones locales de derechos humanos.
La CPI tiene jurisdicción para procesar penalmente a los violadores de los derechos humanos de los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma, así como aquellos que así lo decida el Consejo de Seguridad de la ONU.
