La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó hoy en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, una norma cuestionada por la bancada opositora que asegura que la norma tiene como objetivo intimidar y perseguir a la disidencia.
"La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución", señala en una de sus disposiciones generales el instrumento legal.
El diputado oficialista Andrés Eloy Méndez declaró a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) que gracias a esta ley se abordan temas "delicadísimos" que afectan a Venezuela y al mundo como el tráfico de personas, de órganos y de armas.
Además, se aumentan las penas para estos y otros delitos vinculados con las actividades de la delincuencia organizada.
El también diputado oficialista Elvis Amoroso explicó a periodistas que la ley sanciona "severamente" delitos como la prostitución de menores o el tráfico de órganos, con penas de cárcel de 25 a 30 años.
"Creo que es una ley que definitivamente viene a fortalecer la lucha que tenemos todos los venezolanos contra el problema que tenemos de la inseguridad", añadió y destacó que persigue el narcotráfico, el financimiento del terrorismo y tipifica como delitos la trata de blancas y la pornografía infantil.
El diputado opositor José España aseguró que este proyecto de reforma de ley viola unos 20 artículos de la Constitución venezolana, entre los que se encuentran el derecho a la participación, asociación, reunión y debido proceso, a la vez que calificó la normativa como la "ley del delator".
En la reforma de esta ley se incorporan 25 artículos y se modifican otros 30 para consolidar una ley de 97 puntos.
"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el parlamentario opositor Eduardo Gómez Sigala.
A juicio de Gómez Sigala, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal" como es el Ministerio Público.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, destacó el esfuerzo de la bancada de Gobierno para "lograr una ley necesaria para el país" e indicó que "el que no la deben no la teme".
