El Parlamento venezolano declaró hoy de "utilidad pública e interés social" a la empresa Helvesa, una de las tres fabricantes nacionales de grandes tuberías para la industria petrolera, gasífera y petroquímica.
"La operatividad, el uso y el aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías que conforman el complejo industrial Helisold de Venezuela, S.A. (Helvesa)" están sujetos ahora a que el Gobierno dicte "el correspondiente decreto de expropiación, calificándolo de urgente realización", establece el acuerdo parlamentario.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas de la unicameral Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, adelantó la medida hace dos días en un comunicado, en el que sostuvo que Helvesa "está parcialmente paralizada" y opera "bajo muy malas condiciones".
Atribuyó esto a que desde 1985, nueve años antes de su creación, afronta "un largo litigio" judicial por causas que no detalló, pero que ha incidido en deudas impositivas y laborales.
Entre "los ejecutivos, empleados y obreros" de la empresa, que tiene su principal planta en el Municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui, en el noreste del país, "hay una gran expectativa por la compra inminente por parte del Estado" por un monto no revelado, manifestó.
Helvesa tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas métricas anuales y cuenta con unos 250 empleados, "a quienes se les respetarán todos sus derechos laborales, como ha sido la práctica recurrente en todos los procesos de nacionalización que se han emprendido para profundizar el proceso revolucionario", agregó.
Rodríguez expuso que actualmente este mercado está abastecido por tres industrias de carácter privado y que las dos restantes "seguirán siendo particulares".
Estas son Soldaduras y Tuberías de Oriente CA, que es la que cuenta con una mayor capacidad instalada y participación en el mercado, e Imosa, que es de un tamaño similar al de Helvesa.
El principal proveedor de Helvesa es la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que tiene como principal accionista al conglomerado ítalo-argentino Ternium y que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha ordenado que también pase al control del Estado.
Chávez conminó en agosto pasado a que Ternium llegue a un acuerdo amistoso con ese fin, tras advertirle de "graves consecuencias" si opta por la confrontación judicial, porque en ese caso le reclamaría "miles de millones de dólares que no pagaron en impuestos".
La disputa está centrada en la supuesta solicitud de Ternium para garantizar su inmunidad frente a futuros reclamos de trabajadores o del Estado venezolano, algo que Chávez ha rechazado.
