El pleno del Parlamento Europeo ha pedido hoy a los Veintisiete que transpongan de una vez la directiva marco de gestión de residuos, que conlleva cada año decenas de quejas a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
Los eurodiputados han dado su apoyo mayoritario a esta petición recogida en un informe elaborado por el eurodiputado español Carlos Iturgáiz (PP).
"Se pide a los estados que transpongan la directiva sin más demora y garanticen todos los requisitos como planes exhaustivos de gestión de residuos", ha reclamado Iturgáiz en el hemiciclo en el debate previo al voto.
"No podemos mirar para otro lado cuando nos llegan tantas peticiones al respecto de todos los países de la UE", ha afirmado.
En los últimos años, desde España se han llevado a la Comisión de Peticiones quejas por la gestión de residuos en la ría de Huelva, en Reganosa (A Coruña), en el Estrecho de Gibraltar, en el río Umia (Pontevedra) y en la cuenca del río Guadiamar y el entorno del parque Natural de Doñana.
El informe aprobado hoy por el PE recuerda a los estados miembros que, "aunque los problemas surjan en el nivel de gobierno local o regional, tienen la responsabilidad de controlar y supervisar eficazmente el cumplimiento de todas las normas y autorizaciones de la UE".
También recomienda la imposición de sanciones y multas "adecuadas y disuasorias" a los vertidos ilegales de residuos, especialmente de residuos tóxicos y peligrosos.
El informe afirma que debe regir el principio de "quien contamina paga", y por tanto los vertidos ilegales "deben ser objeto de condenas muy severas proporcionales a los riesgos que corren las personas y el medio ambiente".
Las quejas por las vulneraciones de las directivas europeas de medio ambiente son el grueso de quejas que llegan a la Comisión de Peticiones del PE.
Y de estas casi la mitad se refieren a la gestión de residuos, destaca el informe.
"Particularmente en lo que respecta al procedimiento de autorización de nuevos centros de gestión de residuos o a la explotación de los existentes", dice el texto.
"Un 40 % de ellas se refiere al procedimiento de autorización de los nuevos centros previstos y otro 40 % a la explotación de los existentes, y de estas el 75 % se refiere a vertederos, y el 25 % a incineradores", se concreta en el informe Iturgáiz.
