El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy que desconocía sobre los contratos que adelantó su hermano mayor, Fabricio, con el Estado, y advirtió que adoptará acciones legales contra quienes sostienen lo contrario si no prueban sus aseveraciones.
"Estoy hasta la coronilla de esa gente que quiere salir del anonimato calumniando al presidente; vamos a responderles legalmente, ya estoy cansado", dijo Correa al llegar de Chile, según publica la revista digital El Ciudadano, de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Ratificó enfáticamente que desconocía de esos contratos: "Ni mi hermano con todas las barbaridades que ha dicho se ha atrevido a sostener que yo conocía de esos contratos y ahora viene este supuesto informe de la veeduría, que lo prueben y no lo van a poder probar porque es mentira", dijo.
Sostuvo que no es sano para la democracia que se lo acuse de cualquier calumnia por ser una autoridad pública.
"Yo sí quiero dejarle un legado de honradez a mis hijos, yo sí tengo dignidad y no puedo permitir que cualquier persona, ex funcionario del Gobierno de (Lucio) Gutiérrez, que quiera salir del anonimato, va y lanza cualquier infundio", mencionó.
Se refirió así a un informe que esta semana recibió la Contraloría por parte de la veeduría ciudadana conformada para vigilar los contratos que el Estado ecuatoriano suscribió con empresas relacionadas al hermano del presidente.
El informe que está en manos de la Contraloría es el resultado de 18 meses de investigaciones y el coordinador de la veeduría, Pablo Chambers, indicó que, entre otros asuntos, se concluyó que el gobernante presuntamente "sí conocía de los contratos".
Según Chambers, la veeduría concluyó, además, que presuntamente hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas con Fabricio Correa, según publicó el diario El Universo.
Además señaló que aparentemente existió ilegalidad en estas adjudicaciones y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente 143 millones de dólares.
Rafael Correa ordenó el 26 de junio de 2009 la terminación de los contratos de su hermano con el Estado, ante el escándalo desatado en los medios de comunicación por informaciones que cifraron en unos 80 millones de dólares el monto de esas operaciones y las enmarcaron en un supuesto tráfico de influencias.
Esos contratos públicos fueron considerados por el mismo mandatario como "no éticos", al ser celebrados con empresas de su hermano.
Correa, que desde el principio dijo desconocer los contratos públicos entregados a su hermano, ordenó terminarlos para evitar un escándalo que pretendía ser aprovechado por la oposición.
