El presidente de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional de Ecuador, Mauro Andino, aseguró hoy que "respeta" las observaciones realizadas por Human Rights Watch (HRW) al proyecto de ley de comunicación y se mostró abierto a modificaciones en caso de considerarlas pertinentes.
El pasado 9 de agosto HRW apuntó que Ecuador debe modificar algunas disposiciones del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación para cumplir con su obligación jurídica de proteger y promover la libertad de expresión.
En una carta a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea de Ecuador, HRW dijo que el proyecto de ley, apodado por varios medios de comunicación locales como "ley mordaza", contiene medidas positivas, pero también disposiciones que deben ser corregidas para proteger el derecho de la libertad de expresión.
Andino, asambleísta por el movimiento oficialista Alianza País y presidente de la Comisión de Comunicación, responsable de presentar el informe para la votación de la norma, dijo al diario "Hoy" que respeta "mucho las sugerencias" de HRW.
"Habrá que analizarlas y, si son viables y si es procedente y constitucional", comentó, que no quepa "la menor duda de que serán recogidas".
Entre otros, HRW pide la modificación del artículo 9, el cual, al contener un lenguaje ambiguo, como la referencia a la información "veraz", podría llevar a la censura previa, según alega.
Si se lee conjuntamente con otro artículo, el 29, agrega, "se podría dar lugar a una típica situación de censura ilegítima", ya que podrían aplicarse indebidamente para adoptar leyes que impidan la publicación o difusión de cualquier información que las autoridades consideren que "no es veraz".
También se debe cambiar el artículo 102 del proyecto, el cual, dice HRW, "posibilita la injerencia indebida por parte del Gobierno", por ejemplo, al permitirle que se apliquen sanciones a medios de comunicación que incumplan sus propios códigos de ética.
Señala que convendría, además, modificar el artículo 18, dado que, al exigir que todos los periodistas sean profesionales, contradice los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
La organización afirma que el proyecto no aborda adecuadamente tres cuestiones importantes.
En concreto, no despenaliza la difamación de funcionarios públicos, que, afirma HRW, "resulta indispensable para promover un debate público dinámico, que es necesario en cualquier democracia".
Tampoco regula adecuadamente la obligación impuesta a todos los canales de radio y televisión de trasmitir discursos oficiales en cadena, ni el proceso para asignar fondos públicos a la publicidad oficial, asegura HRW.
Andino cree que el proyecto no conlleva una intención de operar a través de una censura previa y aunque no se mostró de acuerdo con todas las observaciones de HRW, subrayó que "si hay que suprimir cualquier artículo o reformarlo por el bien de la comunicación, por el bien de la Asamblea, de la población, habrá que hacerlo".
Resaltó que "si del texto de 105 artículos hay cinco observaciones de Human Rights, eso nos da la certeza de que el 95% de este proyecto es sumamente positivo".
Andino indicó que aún no hay fecha para que se someta a votación el proyecto, pero aspiró a que el segundo debate tenga lugar a finales de septiembre.
"Luego de ese debate, que puede durar uno, dos o más días, pediré a Cordero que suspenda la sesión para recoger los criterios y propuestas que se presenten", señaló.
