El Pulso de Panamá – 10 de agosto de 2012

El pleno de la Asamblea Nacional decidió bajar ayer a segundo debate el proyecto de modificaciones a la Ley de Transparencia, que busca que los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales divulguen cómo utilizan los fondos que reciben del Estado.

La moción de que el proyecto de ley 293 fuera devuelto a segundo debate fue propuesta por el diputado oficialista Hernán Delgado, tras la presión de diputados de las bancadas de oposición, quienes alegaron que el documento solo busca la persecución a los sindicatos, escudándose en evitar la corrupción.

El proyecto, que fue presentado por la exministra de Gobierno Roxana Méndez, una vez bajado a segundo debate se le realizarán modificaciones en la redacción, ya que a juicio de Delgado, fue malinterpretado por sus colegas opositores.

El documento se aprobó en primer debate en la Comisión de Gobierno, cuando Delgado era su presidente.

“En el momento, la propuesta se entendió, pero ahora existe una confusión”, explicó el diputado, al tiempo que indicó que no se descartan modificaciones al proyecto cuando se retome su discusión.

En el proyecto, que consta de cinco artículos, se da un plazo de cuatro meses a las organizaciones para que suban la información por internet.

La organización que no cumpla con lo estipulado perderá la razón social que entrega el Ministerio de Gobierno para que se oficialice como tal.

Desde que asumió funciones, el actual Gobierno impulsó acciones para la transparencia de los sindicatos, como crear una nueva coordinadora de trabajadores y hacer voluntaria la cuota sindical, lo que ha generado diversas protestas por parte de estos sectores.

Apelan a modificación.
Sin embargo, el diputado perredista Leandro Ávila calificó como “preocupante” que se mezcle el manejo de dinero público con el privado, aunque sí se mostró de acuerdo en que todo lo relacionado con la administración pública sea regulado.

“Aquí lo que se busca es controlar a organizaciones que no avalan la gestión de Martinelli”, dijo Ávila.

Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela dijo apoyar el proyecto, pero que así mismo el Programa de Ayuda Nacional (PAN), que maneja más de $200 millones en inversiones “que nadie sabe a quién le compra, a qué precio compra”, también publique el uso de los fondos.

La exposición de motivos sustenta que el proyecto busca combatir la corrupción, como también el blanqueo de capitales, desviación de fondos públicos, entre otros.

El viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, manifestó que es una lástima que el proyecto haya sido bajado, ya que se debe ponderar la transparencia en la gestión de los fondos del Estado.

Agregó que de aprobarse el documento, es un paso más que da el Gobierno en busca de la transparencia en organizaciones no gubernamentales.

El secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Genaro López, manifestó que si el Gobierno quiere publicar lo que se hace con los recursos que reciben del seguro educativo no existe ningún problema, ya que para eso existe una Comisión de Educación Sindical, y todos los recursos que se entregan son auditados por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República. “Yo creo que es correcto y bueno todo lo que tenga que ver con transparencia, pero hay que estudiarlo con más profundidad”, dijo.