El Pulso de Panamá – 8 de agosto de 2012

Un plazo de cuatro meses tendrán para subir al nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo y a sus páginas web los sindicatos, las fundaciones, organizaciones no gubernamentales y todas aquellas instancias y personas que reciban fondo del Estado.

Esta exigencia la establece el proyecto que modifica la Ley de Transparencia que fue aprobado ayer en segundo debate.

Esta iniciativa que fue presentada por la exministra de Gobierno Roxana Méndez forma parte de una lista de diferencias entre los sindicatos y el Ejecutivo por regular y auditar los recursos que devengan estas organizaciones.

El proyecto que será debatido hoy en el pleno Legislativo, en tercer debate, establece que el plazo es hasta el 15 de diciembre y que la organización que no cumpla con lo estipulado perderá la razón social que entrega el Ministerio de Gobierno para que se oficialice como tal.

Desde que asumió funciones, el actual Gobierno trató de impulsar acciones como crear una nueva coordinadora de trabajadores y hacer voluntaria la cuota sindical, lo que trajo como consecuencia las violentas manifestaciones de Changuinola, Bocas del Toro, en julio de 2010.

La exposición de motivos sustenta que el proyecto busca combatir la corrupción como también el blanqueo de capitales, desviación de fondos públicos, entre otros.

El viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, manifestó que se consiguieron los votos tanto de los diputados de oposición como del oficialismo, para que el proyecto pasara a un tercer debate, ya que lo que se busca es mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.

Agregó que es un paso más que da el Gobierno en busca de la transparencia en organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) Genaro López, manifestó que si el Gobierno quiere publicar lo que se hace con los recursos que reciben del Seguro Educativo no existe ningún problema, ya que para eso existe una Comisión de Educación Sindical y todos los recursos que se entregan son auditados por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría.

“Pero, el dirigente sindical dijo que: ‘Yo creo que es correcto y bueno todo lo que tenga que ver con transparencia’”, dijo López.

No obstante, el dirigente advirtió que estudiará el proyecto, y espera que el mismo no viole la institucionalidad de los sindicatos, al tiempo que expresó que las reglas deben ser para todos.