El Senado de Argentina debatía hoy un proyecto de ley para aumentar en forma sustancial las jubilaciones mínimas, iniciativa que el Gobierno rechaza por entender que llevará a las cuentas públicas a un punto de quebranto.
La oposición en la Cámara alta logró el quórum necesario para habilitar el debate, que promete extenderse hasta la madrugada de este jueves y concluir en una reñida votación de resultado incierto dado que opositores y oficialistas están casi en paridad de fuerzas.
La iniciativa, que ya recibió en agosto pasado el visto bueno en la Cámara de Diputados, busca hacer efectivas jubilaciones mínimas que representen el 82 por ciento del salario mínimo que cobran las personas en actividad laboral y con un criterio de movilidad, esto es, que las pensiones se ajusten al alza cuando los trabajadores logran aumentos en el salario mínimo.
Esto supone elevar la jubilación mínima de los actuales 895 pesos (224,8 dólares) a 1.427 pesos (358,5 dólares) mensuales, con un costo para el Estado calculado por la oposición en 18.900 millones de pesos (4.748,7 millones de dólares) anuales y por el oficialismo en 40.000 millones de pesos (10.050 millones de dólares).
El Gobierno de Cristina Fernández ha advertido que vetará la ley si es aprobada por el Parlamento.
El ministro de Economía, Amado Boudou, reiteró hoy que el proyecto, de aprobarse, llevará a una situación de déficit a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la entidad estatal que administra el sistema de jubilaciones.
Una de las principales críticas que el oficialismo hace a la iniciativa es que el proyecto no establece cómo se financiarán los incrementos.
Pero desde la oposición aseguran que los aumentos en las jubilaciones se pueden solventar con recortes en otras partidas del Presupuesto, como controvertidos subsidios a diversos sectores, o con un aumento de los aportes patronales a la seguridad social.
Además, alegan que la Corte Suprema ha ordenado al Estado cumplir con la manda constitucional que garantiza la movilidad de las jubilaciones.
A partir de ese fallo del Supremo, el Gobierno argentino impulsó y logró la aprobación de una ley por la que las jubilaciones mínimas se actualizan dos veces al año, de acuerdo con el cuestionado índice de inflación oficial.
Sin embargo, para miles de retirados este sistema de actualización es insuficiente, ya que lo que cobran está lejos de representar el 82 por ciento de los salarios que percibían cuando estaban en actividad.
De hecho, las estadísticas del fuero judicial de la Seguridad Social indican que ingresan en los tribunales de primera instancia 10.000 nuevas causas por mes, el 80 por ciento de ellas por demandas al Estado de reajustes en las jubilaciones.
Argentina aprobó en 1958 una ley que estableció que el haber de la jubilación debía ser equivalente al 82 por ciento móvil de la remuneración mensual del trabajador de la misma rama de actividad del retirado, pero ese régimen estuvo vigente sólo cinco años.
La movilidad de las jubilaciones es un principio consagrado en la Constitución de Argentina.
