El Supremo Tribunal Federal de Brasil refrendó hoy la constitucionalidad de la política aplicada por decenas de universidades públicas de reservar plazas para alumnos negros, mulatos e indios, los grupos raciales que más sufren la pobreza.
La votación del Supremo fue unánime y reconoció que la reserva de una cuota de plazas para las llamadas minorías raciales consagra los principios de la Constitución de 1988 que defienden la igualdad de derechos.
El magistrado Joaquim Barbosa, único integrante negro del Supremo, dijo al argumentar su voto que "es natural" que este tipo de políticas encuentren "resistencia de los que históricamente se beneficiaron de la discriminación".
La demanda partió del partido derechista Demócratas, que considera que las cuotas no tienen sentido en una sociedad con tantas mezclas raciales como la brasileña, por lo que su aplicación contribuye más a la segregación que a la integración.
El juicio de hoy se refería específicamente al caso de la Universidad de Brasilia, primer centro público que se decidió a aplicar las cuotas en 2004, desde cuando reserva el 20 por ciento de las matrículas a negros y mulatos e incluye a al menos una decena de indígenas en cada semestre.
Actualmente, cerca de 70 universidades públicas aplican esta política en todo el país, que siguen las recomendaciones impulsadas en 2004 por el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de aplicar medidas de "discriminación positiva" hacia la población negra.
Cerca de la mitad de la población de Brasil se considera negra o mulata, según el censo de 2010, y esos grupos sociales suelen corresponder a los estratos más pobres, según constatan las estadísticas oficiales.
Las universidades públicas brasileñas gozan de buena reputación y su nivel educativo suele ser superior al de los centros privados, a los que se ven abocados los alumnos con menos recursos económicos, que no se pudieron costear una educación básica y media de calidad.
El Gobierno también trató de impulsar las cuotas raciales en las universidades privadas al obligar su aplicación como requisito para participar en los programas de becas públicas.
El Supremo tramita actualmente tres recursos de inconstitucionalidad contra esa ley que afecta a los centros privados.
