Unos 70.000 empleados públicos iniciaron hoy en Chile un paro de 48 horas en apoyo a la huelga que desde hace trece días mantienen los gendarmes (funcionarios de prisiones) y para reclamar estabilidad laboral, informó la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que la movilización tuvo una adhesión del 90 por ciento de los funcionarios, a excepción de los profesores y trabajadores del Registro Civil, que acordaron sumarse este miércoles, y los de Salud.
Estos últimos, debido a la emergencia en los centros sanitarios por las afecciones respiratorias invernales, especialmente los casos de gripe, que pasan de 9.000 en Chile.
Entre los servicios que cesaron sus actividades se encuentran la Tesorería General de la República, la Aduana, Impuestos Internos y el Instituto de Normalización Previsional (INP), aunque en estos organismos se realizan turnos éticos para atender los casos "humanitarios y de emergencia", precisó el presidente de la ANEF.
De la Puente declaró que se suman a la huelga para rechazar el "empleo precario" que, a su juicio, impera en el sector público, donde hay "30 mil trabajadores a honorarios, que no tienen previsión ni salud, y 85 mil trabajadores a contrata, que no tienen estabilidad laboral ni carrera funcionaria".
"La lucha hoy día no es por una mayor cantidad de pesos, es por trabajo decente, estable y con carrera funcionaria, que está colapsada debido a que la mayor parte del empleo es temporal y precario y los empleados públicos no tenemos el derecho a negociación colectiva ni a la huelga", agregó.
A esto se suma el apoyo a la movilización de los funcionarios de Gendarmería, que son afiliados de la ANEF, y que hoy cumplen su decimotercer día de huelga en demanda de mejoras salariales.
"Este Gobierno, que dice ser cercano a la gente, no ha querido buscar una solución para nuestros compañeros de Gendarmería y ha preferido la vía de las sanciones y represiones", dijo De la Puente, después de que este lunes 27 guardias de prisiones fueran destituidos por abandono de funciones.
En este sentido, los funcionarios de Gendarmería exigieron la restitución de sus colegas destituidos para llegar a una solución al conflicto.
"No vamos a bajar nuestra movilización si esto no tiene una reconsideración", afirmó a radio Cooperativa Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP).
El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, rechazó la petición de los funcionarios y remarcó que "se han colocado no solamente fuera de la legalidad, sino que han instrumentalizado a los internos".
"Es una situación grave donde el derecho a asociarse, a movilizarse, no puede pasar a llevar la vida y la integridad de los internos, que no tienen nada que ver en esto", indicó Frei.
Durante la jornada, dirigentes de la ANEF y de Gendarmería acudirán al Congreso, donde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revisará el proyecto de ley de modernización de Gendarmería enviado por el Gobierno, al que se oponen los integrantes de dos de las cuatro asociaciones.
"Vamos a estar ahí para que los diputados no voten este proyecto mientras no cuenten con el consenso de todos los trabajadores", afirmó el presidente de la ANEF.
