Ex funcionario ecuatoriano acusado de narcotráfico solicita un habeas corpus


José Ignacio Chauvin, ex subsecretario del Ministerio ecuatoriano de Gobierno (Interior), imputado por un caso de narcotráfico y acusado de tener relaciones con la guerrilla colombiana de las FARC, compareció hoy ante los jueces para solicitar un recurso de habeas corpus para obtener su libertad.


Chauvin, que permanece recluido en un centro de Quito, fue trasladado a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde, en la Primera Sala de lo Civil, se realizó la audiencia judicial, informaron los medios locales.


En su declaración, Chauvin argumentó que "hasta el día de hoy no dicen cuál es el nexo causal" entre él y el delito de narcotráfico.

 

Señaló que durante su detención se "ha conculcado el derecho a votar, porque no les da la gana de hacer un trámite administrativo para que lo pueda hacer" y que se ha violado su derecho a la comunicación.


"Señores jueces, yo puedo estar detenido, pero soy un preso sin sentencia, por lo tanto, mis demás derechos deberían estar intactos", agregó.


El ex funcionario subrayó que es "alfarista, revolucionario, humanista y defensor de los derechos humanos, pero jamás narcotraficante".

 

En los primeros días de febrero, Chauvin fue detenido por su amistad con Edison Ostaiza, uno de los tres hermanos acusados en el caso "Huracán de la Frontera", por formar una red de narcotráfico que supuestamente trabajaba con droga proporcionada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


Ramiro Román, uno de los abogados de Chauvin, se mostró optimista con la posibilidad de que se resuelva a su favor el recurso de habeas corpus, porque a su juicio, "no hay delito, no hay nexo causal, no hay autoría y no hay participación".


Además, planteó que en caso de no obtenerlo, se dirigirán a la Corte Constitucional. "Creemos y estamos seguros de que no se va a negar", aseveró Román tras recordar que los jueces cuentan con 24 horas para dictaminar la resolución.

 

Desde el comienzo del caso, la defensa de Chauvin ha insistido en que la orden de "prisión preventiva" dictada contra el ex funcionario por la jueza Zoila Alvarado, relevada del caso, fue emitida de forma irregular y "al margen de todo término legal".


Chauvin también es investigado por sus supuestos vínculos con las FARC, acusación que ha negado, si bien ha admitido que conversó con jefes guerrilleros, en el marco de una estrategia internacional que buscaba canjear rehenes de ese grupo por rebeldes detenidos en cárceles de Colombia.


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101 años de Panamá América

 
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