Un ex funcionario haitiano afronta en Estados Unidos nueve cargos de conspiración en lavado de dinero por su presunta participación en un caso de soborno relacionado con la empresa estatal de telecomunicaciones Haití Teleco, según documentos judiciales publicados hoy.
Robert Antoine, quien se desempeñó como director de relaciones internacionales de esa compañía, fue extraditado de Haití el sábado pasado y compareció el lunes ante la juez de Miami Marcia Cooke, que le fijó una fianza de un millón de dólares.
El ex ejecutivo está acusado en el caso junto con Joel Esquenazi y Carlos Rodríguez, dos ejecutivos de una firma de telecomunicaciones de Miami; René Duperval, que también fue director de Haiti Teleco, y su hermana, Marguerite Grandison.
Los cinco afrontan cargos por presuntamente participar en un esquema de transferencias de más de 800.000 dólares para el supuesto pago de sobornos a funcionarios de la empresa de telecomunicaciones haitiana a cambio de contratos, según la acusación de 29 páginas presentada en un tribunal federal de Miami.
En la acusación, que obtuvo Efe, se señala que a Antoine y Duperval presuntamente se les pagaron sobornos a cambio de un trato especial para los directivos de la empresa de Miami en los negocios como tasas preferenciales de telecomunicaciones, reducir el número de minutos que debían pagar por los contratos firmados con Teleco, entre otros aspectos.
"El propósito de la conspiración era defraudar a Haiti Teleco con los ingresos obtenidos mediante esas ventajas", se indicó en la acusación.
La empresa haitiana era la única que suministraba servicio telefónico no celular y varias compañías internacionales de telecomunicaciones suscribían contratos con ella para que se les permitiera a sus clientes hacer llamadas a la nación caribeña y debían pagar una tasa por cada minuto.
Antoine, que según la Fiscalía Federal era el cerebro del supuesto esquema de fraude, tenía bajo su responsabilidades negociar esos contratos mientras ejerció el cargo de director de relaciones internacionales de la empresa entre 2001 y 2003.
De ser declarado culpable, afrontaría una condena máxima de 20 años de cárcel.
