El Defensor del Pueblo español ha planteado que se apliquen criterios más rigurosos para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, tanto en el análisis de las pruebas médicas como en la coordinación de las distintas Administraciones, respetando los derechos de los menores.
La defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, presentó hoy el documento "¿Menores o adultos" elaborado por su oficina y advirtió de que "la diferencia entre ser mayor o menor de edad es muy importante", porque "si es menor queda bajo la tutela española pero si es mayor se le expulsa".
El documento expone que, ante la ausencia de criterios comunes en las diferentes Administraciones, se aplica "una amplia diversidad de prácticas", en los criterios de examen médico y en los trámites para determinar la edad, "en los que no siempre se respetan los derechos de los menores", entre ellos el de ser asistidos por un abogado durante todo el proceso.
El informe examina varias decenas de estos casos e indica que la falta de intervención de expertos en medicina legal provoca, en numerosas ocasiones, la interpretación de la edad basada en pruebas aisladas y carentes de rigor científico.
El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno que reforme la Ley de Extranjería para asegurar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
Propone a la Fiscalía General del Estado que dicte una instrucción para que sus fiscales unifiquen los criterios y que, ante uno de estos casos, se acuerde dar traslado al servicio médico o al especialista en medicina legal competente para que evalúe las pruebas necesarias para estimar su edad.
Recuerda que los médicos deben informar a los menores sobre el alcance de las pruebas y que antes de acordar el decreto por el que se fija su edad hay que celebrar una comparecencia con el interesado, acompañado de un letrado.
Las pruebas médicas deben ser autorizadas por el fiscal y no deben realizarse a solicitud de la autoridad policial o de los servicios de protección de menores, como se hizo en varios de los casos investigados, señala el documento.
A las distintas Administraciones autonómicas recomienda que, cuando la Policía autonómica tenga a su disposición a un extranjero indocumentado cuya minoría resulte dudosa, se informe al registro de menores no acompañados.
El informe recoge la opinión de la comunidad científica acerca de los grandes márgenes de error que presentan las técnicas utilizadas para estimar la edad -la madurez ósea y el análisis dental-, por lo que propone tener en cuenta la influencia de factores nutricionales y de educación física, entre otros. EFE
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