El presidente regional de Cuzco, Hugo Gonzales, pidió hoy un estudio integral sobre el proyecto de irrigación Majes-Siguas II y otro de afianzamiento hídrico para determinar cómo se abastecerá de agua en caso de escasez a la provincia de Espinar, al cumplirse hoy el quinto día de protestas.
En el clímax de la huelga indefinida, un hombre murió por la hemorragia interna causada por múltiples perdigones, mientras que 18 civiles y 26 policías resultaron heridos en enfrentamientos registrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el presidente regional de Cuzco dijo hoy que uno de los heridos está grave y, según dijo, con herida de bala, y condenó el uso de "armas de fuego contra la población" de Espinar, una acción que ayer había sido negada por el ministro del Interior, Fernando Barrios.
Gonzales indicó que hoy expondrá su propuesta sobre la elaboración de estudios del proyecto al primer ministro del país, José Antonio Chang, en una reunión en Lima en la que participará además Juan Manuel Guillén, presidente del gobierno regional de Arequipa, región donde se construirá la obra.
La autoridad regional de Cuzco manifestó que acudirá a la reunión con "una medida cautelar ampliatoria" del Poder Judicial, que dispone que se paralice la licitación.
Gonzales aclaró que la huelga no es contra el proyecto sino contra las irregularidades del proceso que no toman en cuenta el impacto ambiental ni la eventual escasez de agua, ni las medidas cautelares contra el proceso.
"Ojalá que hoy quede resuelto el asunto político, la decisión de hacer, no un estudio de compensación, sino un estudio completo del afianzamiento hídrico", explicó.
Asimismo, confió en que se paralice -con la medida cautelar- el proceso de licitación y los manifestantes den un paso hacia atrás "para evitar dificultades".
Para mediar en el conflicto, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, también viajó a Espinar, donde sus pobladores protestan contra el inicio del proyecto que utilizará las aguas del río Apurímac, porque consideran que puede dejar sin este recurso a sus tierras.
La agencia estatal ProInversión entregó el lunes pasado la concesión del proyecto al Consorcio Angostura-Siguas, que integran la española Cobra Instalaciones y Servicios, y la peruana Cosapi.
Un estudio de balance hídrico realizado por una consultora privada señaló en marzo pasado que la construcción de la represa generaría un déficit de agua de 12 millones de metros cúbicos en Espinar, cuyos pobladores ya protestaron el año pasado contra el proyecto.
La protesta en Espinar, resguardada ahora por 600 policías, se realiza en medio de una polémica por la vigencia del decreto 1095 que permite la actuación de militares en el control de las protestas de civiles.
