El expresidente del Supremo colombiano Yesid Ramírez demandó a la Presidencia del país y a otras entidades públicas implicadas en la trama de escuchas y seguimientos ilegales montadas por la central de inteligencia del Estado, informaron hoy fuentes cercanas al jurista en Bogotá.
La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá por el letrado William Alvis Pinzón, apoderado de Ramírez, tras el fracaso de un intento de conciliación en la Procuraduría General.
El magistrado, que el pasado septiembre terminó su período legal de ocho años en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reclama una reparación de 2.000 millones de pesos (más de 1,08 millones de dólares) como víctima de escuchas y seguimientos ilegales, según versiones recogidas por medios periodísticos de Bogotá.
En la demanda, Ramírez alega que esta trama le causó a él y a su familia daños y perjuicios que deben ser resarcidos por los responsables.
Según la querella de Alvis, los implicados en esta trama son la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia que depende del jefe del Ejecutivo) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF, del Ministerio de Hacienda).
El jurista Ramírez, que presidió la CSJ en 2006, hace parte de un numeroso grupo de magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos que fueron espiados por el DAS durante la gran parte de los dos mandatos del ahora exgobernante Álvaro Uribe (2002-2010).
La trama es investigada por la fiscalía, la procuraduría y el comité responsable de indagar la conducta del exjefe del Estado.
Varios antiguos cargos medios del DAS han admitido de que la campaña de espionaje fue ordenada desde la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano.
Entre los implicados en las investigaciones están cuatro exdirectores del DAS, entre ellos María del Pilar Hurtado, que a finales del año pasado recibió asilo político en Panamá, lo mismo que antiguos colaboradores cercanos de Uribe.
