El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez discrepó con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana condenó por primera vez a Uruguay por la desaparición de María Claudia García y le ordenó seguir un protocolo en la búsqueda de los restos de detenidos-desaparecidos.
En el tema del protocolo "no estoy de acuerdo. Encontramos desaparecidos y seguimos trabajando pero no es fácil", dijo el exmandatario (2005-2010), el primero de izquierda en la historia del país, en declaraciones que publica hoy el diario El Observador.
"Yo le preguntaría a la Corte cual sería el procedimiento que aplicarían?. Una cosa es hablar y otra hacer", agregó Vázquez.
El jefe de Estado afirmó que "no es fácil" conseguir información sobre los detenidos-desaparecidos durante la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.
"Un Gobierno de izquierda no puede torturar a alguien para que dé información", agregó.
Durante su gestión, Vázquez ordenó excavaciones en el interior de cuarteles y se ubicaron e identificaron los restos de dos detenidos-desaparecidos.
La Corte condenó al Estado uruguayo por la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.
Además, la sentencia obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecer y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas".
También se ordena al Estado "continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación".
Durante el Gobierno de Vázquez se dio "luz verde" para la investigación de varios casos de violaciones a los derechos humanos, a pesar de la vigencia de la ley de Caducidad, y una decena de militares y policías fueron procesados y encarcelados.
La ley de Caducidad, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último de ellos en 2009, impidió varios juicios contra represores por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y actualmente la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio procura dejarla sin efecto.
