El Gobierno del presidente Evo Morales y los líderes regionales del poblado oriental de Yapacaní firmaron hoy un convenio para pacificar ese lugar donde la pasada semana murieron tres personas en medio de disturbios, informaron fuentes oficiales.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y los dirigentes de la zona señalaron a los medios que el acuerdo permite la suspensión de las movilizaciones en esa región rural del departamento oriental de Santa Cruz, el más rico de Bolivia.
El conflicto estalló el pasado miércoles cuando 700 policías reprimieron a los habitantes de Yapacaní movilizados para pedir la renuncia de su alcalde, el oficialista David Carvajal, acusado de supuesta corrupción.
Dos varones murieron por disparos de arma de fuego y un tercero falleció electrocutado cuando ingresaba a la comisaría del pueblo que se incendió durante el enfrentamiento que también dejo decenas de heridos entre los manifestantes y la policía.
Los manifestantes acusaron a la Policía de haber iniciado el enfrentamiento, en tanto que las autoridades culparon a grupos organizados para generar violencia.
El ministro Romero dijo a la prensa que uno de los puntos del acuerdo consiste en un compromiso de las partes a colaborar en la pacificación de Yapacaní.
El convenio establece además que el Gobierno indemnizará a los familiares de los fallecidos, dará atención médica a los heridos y se creará una comisión mixta para investigar las responsabilidades de la policía y los pobladores en los sucesos.
También se acordó la liberación de cinco habitantes de Yapacaní detenidos durante el enfrentamiento mientras avanzan esas indagaciones y la devolución de motocicletas que fueron decomisadas por la policía.
El dirigente cívico de Yapacaní, Cirilo Sonabi, organizador de las movilizaciones, confirmó a Efe que con la firma del convenio y sobre todo con la liberación de los detenidos, se suspenden todas las amenazas de presión que incluían el bloqueo de rutas troncales.
Tras la renuncia del alcalde Carvajal, provocada por los conflictos, los concejales del municipio aún debaten sobre quién será el sustituto interino, mientras se analiza la opción de llamar a una elección popular.
