Los funcionarios públicos uruguayos pararon hoy en todo el país y protestaron frente al Palacio Legislativo en reclamo de mejores salarios, una convocatoria de 24 horas en el interior del país y que, según los sindicatos, siguió más del 80 por ciento de los trabajadores.
Según fuentes sindicales, en Montevideo, donde el paro comenzó a las 12 del mediodía, el 90 de los funcionarios en puestos de oficina no acudió a su lugar de trabajo.
Desde el Gobierno no se difundieron datos sobre el paro.
Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organización que convocó el paro, señaló a Efe que la jornada de movilización "tuvo un acatamiento muy importante" y que la marcha hacia el Palacio Legislativo también contó con "una muy buena presencia de trabajadores".
En el Parlamento se analiza actualmente el presupuesto de gastos de la administración del presidente, José Mujica.
"Más de treinta autobuses con trabajadores nos acercamos al Palacio, donde se debaten unas normas que nos afectan directamente y que no han sido negociadas colectivamente, lo que llega a ser una violación de las leyes", afirmó López.
El líder sindical señaló que la protesta se debe "fundamentalmente" a que el Gobierno no está respetando la negociación colectiva a la hora de hacer sus planes para el futuro de los funcionarios, además de "por otras cuestiones salariales y algunos decretos impuestos que violentan los derechos".
Además de COFE, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (Afutu), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) se concentraron durante la jornada frente al Legislativo para respaldar el reclamo de mayores recursos para la educación.
También protestaron por un decreto aprobado por Mujica, como parte de la reforma del Estado y que rige desde hoy, por el que unos 600 funcionarios públicos, la mayoría de ellos profesionales liberales, deberán trabajar al menos seis horas bajo amenaza de suspensión de hasta 180 días.
De acuerdo a cifras oficiales, Uruguay cuenta con 256.000 funcionarios públicos, equivalentes al 7,6 por ciento de la población uruguaya y al 17 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), calculada en 1,5 millones de personas.
Esta movilización de los funcionarios se une a la ola de conflictividad que afecta el país desde hace varias semanas y que afecta a una docena de sectores, aunque en algunos el Gobierno logró acuerdos.
Así, la banca oficial continúa en conflicto también en reclamo de mejores salarios y otras reivindicaciones, como los trabajadores del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), el más grande del país.
Las medidas de fuerza de la banca bloquearon el pago de miles de cheques, dejaron si dinero algunos cajeros automáticos y ocasionaron otras dificultades en la plaza financiera.
Por su parte, los escribanos realizan una huelga de 72 horas que se extiende hasta el viernes, la primera de tal magnitud en la historia, lo que imposibilita realizar trámites de compra-venta y registros.
Además decidieron no regularizar durante diez días el pago de impuestos a las transacciones y otros de los cuales son agentes de retención.
Los notarios rechazan la decisión del Gobierno de incorporar a partir del 1 de enero próximo la Caja de Auxilio Notarial, que garantiza la asistencia sanitaria y otros beneficios a 6.000 escribanos jubilados y en actividad, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
A partir de mañana el gremio de la construcción se sumará a la ola de huelgas con detención de actividades al mediodía para participar en asambleas y analizar la propuesta de aumento de salario de las empresas.
En los últimos días el Gobierno logró acuerdos que pusieron fin a medidas de lucha de médicos y funcionarios judiciales.
Además de los reclamos de los gremios de funcionarios públicos para conseguir la mejor tajada en el Presupuesto de gastos del Estado, buena parte de la conflictividad se debe a las negociaciones entre empresarios y trabajadores, con mediación oficial, en los Consejos de Salarios.
