El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, vetó por "inconstitucional" un decreto legislativo que elevó de 7 a 15 años la pena máxima de cárcel para menores de edad, en una decisión que varios diputados criticaron hoy y amenazaron con desconocer.
"Que proponga algo, porque el pueblo salvadoreño lo que quiere saber es qué va a hacer, qué va a hacer para que estos niños entrecomillas no estén matando a la población", declaró a periodistas el diputado Antonio Almendariz, del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
Opinó que "es necesario superar el veto", en alusión al procedimiento establecido por la Carta Magna, según el cual la Asamblea Legislativa puede ratificar su decisión con 56 votos (dos tercios de los 84 diputados) y enviarlo nuevamente al Ejecutivo, que deberá sancionarlo y mandarlo a publicar.
Almendariz reaccionó así después de que Funes remitiera el miércoles a la Asamblea Legislativa su decisión de vetar el decreto legislativo aprobado el pasado 11 de febrero por el Parlamento para reformar la Ley Penal Juvenil.
Funes vetó la medida por "inconstitucional" y porque viola la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia a menores y las reglas para la protección de los menores privados de libertad suscritos por El Salvador, detalló la Casa Presidencial en un comunicado.
Indicó que la decisión presidencial se fundamentó en "recomendaciones de jueces y magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos".
Sin embargo, el diputado Guillermo Ávila, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), consideró que el Gobierno "está equivocado" y aseguró que el decreto respetó la Constitución y los tratados internacionales.
"Lo que estamos viendo es un 'garantismo' de parte de las autoridades cuando la delincuencia nos está azotando (...) Esos ya no son niños, esos son jóvenes que andan descarriados, lo que tiene que hacer el Gobierno es asumir su responsabilidad", añadió.
Mientras, el diputado Sigfrido Reyes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de Funes, aseguró que la Asamblea Legislativa actuó "de manera correcta, de manera adaptada a la Constitución de la República y a los convenios internacionales que El Salvador ha firmado".
"El sistema de justicia necesita herramientas más eficaces para combatir la criminalidad ", añadió, aunque indicó que esperan "conocer de manera formal los argumentos" del jefe de Estado.
Por el contrario, el presidente del Parlamento, Ciro Cruz Zepeda, consideró que "hay sustento en los argumentos" esgrimidos por el Ejecutivo, al indicar que el decreto "claramente está violando los tratados que se han hecho con organismos internacionales".
El Parlamento aprobó con el voto de 76 de los 84 diputados el aumento de 7 a 15 años de la pena máxima de cárcel para menores en El Salvador, en un intento por contener la violencia que en muchos casos es protagonizada por jóvenes vinculados a pandillas.
Los diputados consideraron "procedente ampliar la privación de libertad sin excederse de 15 años" para los jóvenes que han cumplido 16 años, pero que no tienen los 18, que es la mayoría de edad en este país centroamericano donde, en promedio, se reportan 13 asesinatos al día.
