El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, descartó hoy que el país esté enfrentando una crisis institucional a raíz de un polémico decreto legislativo que obliga a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir por unanimidad.
"No comparto la opinión de quienes piensan que estamos frente a una crisis institucional, estamos frente al libre juego de poderes de los diferentes órganos del Estado que una convivencia democrática demanda", declaró Funes a periodistas, al salir al paso de quienes advierten sobre un choque de poderes.
Indicó que hay crisis cuando "las instituciones no funcionan y están paralizadas".
"La Corte (Suprema de Justicia, CSJ) sigue funcionando, la Asamblea (Legislativa) sigue funcionando, el Ejecutivo sigue funcionando. Habría crisis institucional si los órganos del Estado estuvieran paralizados y no cumplieran las funciones para las cuales hemos sido elegidos", complementó.
A juicio del mandatario, en el país no están "acostumbrados a las diferencias".
El decreto, que estableció la unanimidad y no el voto de cuatro de los cinco magistrados de esa sala para que sus decisiones sean válidas, como hasta ahora se hacía, fue apoyado por los derechistas Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y sancionado por Funes el mismo 2 de junio.
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña afirmaron el lunes pasado que esa instancia seguirá tomando sus decisiones con el voto de cuatro de sus cinco miembros, pese al polémico decreto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, y su colega Floretín Meléndez, dijeron que no temen una eventual destitución del cargo o antejuicio por su conducta, al reiterar que el decreto es "inaplicable".
El polémico decreto legislativo fue aprobado luego de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional decidieron, el pasado 29 de abril, cancelar de la lista oficial de partidos al PDC y al PCN porque no alcanzaron en las presidenciales de 2009 la votación mínima prevista por la ley.
Distintos sectores nacionales han calificado el decreto legislativo como un "golpe a la institucionalidad" y un intento de "romper el equilibrio de poderes" en el país, al tiempo que han respaldado la labor de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes denominan "los cuatro fantásticos".
Funes enfatizó en que "nadie es salvador de la patria" y que todos están obligados, de acuerdo a la Constitución, a "trabajar en armonía y a entender y superar" las diferencias.
El jefe de Estado aclaró que no está distanciado de los magistrados ni de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
"A mí no me eligieron para estarme peleando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Belarmino Jaime) o con el presidente de la Asamblea (Sigfrido Reyes), me eligieron para trabajar", sostuvo.
La Iglesia católica llamó el domingo pasado a los poderes del Estado a poner fin al "inédito" conflicto que mantienen desde hace varias semanas y advirtió que esto "causa una crisis en la nación".
