El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, vetó y devolvió hoy al Parlamento la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en diciembre pasado y que garantiza el derecho de los ciudadanos a solicitar documentos y datos de instituciones públicas, informó una fuente oficial.
Funes, según la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, solicita cambiar el plazo de entrada en vigencia de la ley, de 30 días a un año, con el fin de implementar los recursos tecnológicos, así como las condiciones para ofrecer la información a los usuarios.
Por otra parte, sugiere modificar el mandato de la no reelección de los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual será creado a partir de la entrada en vigor de la normativa, porque a juicio del gobernante, esta regulación "puede ser perjudicial para el desarrollo institucional por cuanto se rompe la continuidad".
Funes también recomienda a la Asamblea omitir la declaración de los bienes inmuebles públicos, algunos de los cuales son utilizados para la construcción de viviendas populares, porque consideró que esa información podría ser utilizada por "personas inescrupulosas" que invaden esos terrenos para estafar a sectores humildes.
La ley, aprobada el pasado 2 de diciembre, busca facilitar la transparencia, así como el combate contra la corrupción y establece que los entes públicos deben facilitar la información, a través de procedimientos sencillos y expeditos para impulsar la rendición de cuentas y promover la participación y la fiscalización ciudadana.
Además, atribuye al presidente de la República la designación de los cinco comisionados y sus suplentes, que integrarán el Instituto de Acceso a la Información Pública, los cuales serán escogidos de entre candidatos propuestos por gremiales empresariales, agrupaciones profesionales, universidades, sindicatos y asociaciones de periodistas.
