El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no juzgará la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975) y se retira de la investigación de esa causa, que generó una fuerte polémica en España.
Garzón decidió inhibirse de la causa a favor de los juzgados territoriales en cuyas jurisdicciones se encuentran las fosas donde pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas, algunas de las cuales había ya ordenado abrir para proceder a la exhumación.
En su auto, el juez acuerda además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
El magistrado se declaró competente el pasado 16 de octubre para ordenar la investigación tras recibir las denuncias de familiares de desaparecidos y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.
Pero su decisión de ordenar la apertura de varias fosas, entre ellas una de la provincia de Granada (sur), donde se cree que fue enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado al comienzo de la guerra, causó una fuerte polémica política y social.
El pasado 7 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la paralización cautelar de las exhumaciones al recibir un recurso del fiscal jefe, Javier Zaragoza, que consideró que Garzón no era competente para llevar a cabo esa investigación.
Hoy, Garzón anunció que se inhibe en la causa en la que se investigan las desapariciones a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas.
Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos.
