El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo hoy que el Pentágono completará su análisis sobre la anulación de una ley que prohíbe a los militares homosexuales revelar su preferencia sexual so pena de ser despedidos.
La ley, conocida como "don't ask, don't tell" ("no pregunte, no cuente") fue promulgada en 1993, pero en enero de este año el presidente Barack Obama dijo que su derogación sería una de sus prioridades nacionales.
"Este año trabajaré con el Congreso y nuestro Ejército para finalmente anular la ley que priva a los estadounidenses homosexuales del derecho a dar servicio al país que aman por ser quienes son", dijo Obama.
En una entrevista para la cadena de televisión CNN, Gates defendió el análisis sobre su aplicación que realiza el Pentágono y señaló que la idea es concluirlo antes de que se anule la ley.
El plazo para completar ese análisis vence el 1 de diciembre.
"Sé que hay algunos que sospechan que este es algún esfuerzo para frenar el proceso", señaló el jefe del Pentágono.
Pero "hay una forma inteligente de realizar un cambio y hay formas estúpidas. Esta tiene que ser inteligente", indicó.
Por otra parte, en una carta dirigida al Comité de Servicios Armados del Senado, Gates señaló que el problema no es si las Fuerzas Armadas se preparan o no para el cambio", sino cuál es la mejor forma de prepararse".
El ex presidente del Comité Nacional Demócrata, Howard Dean, manifestó en una carta abierta dirigida al presidente Obama que le preocupaba que el Pentágono "postergara de manera indefinida la posibilidad de avanzar con la derogación".
Durante la entrevista con CNN, Gates señaló que legislar un cambio de militar antes de concluir el análisis "enviaría una señal muy negativa a hombres y mujeres uniformados en cuanto a que no importan sus opiniones sobre cómo se debe llevar a cabo".
Según la Red de Defensa Legal de Miembros en Activo, 644 soldados han sido expulsados bajo la ley desde que Obama asumió la Presidencia en enero de 2009.
Desde que la ley entró en vigor, el total se aproxima a unos 14.000 miembros en activo.
Aparte del trauma para las familias militares afectadas, la ley también ha tenido un alto costo financiero, ya que el despido de soldados homosexuales conlleva gastos multimillonarios, según sus detractores.
