Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de víctimas de la Operación Cóndor, espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 4 de octubre celebrará en Quito las audiencias orales de su caso, obligue al Estado uruguayo a reactivarlo.
Así lo expresó hoy Gelman junto a sus abogadas, Ariela Peralta y Liliana Tojo, en una rueda de prensa en Montevideo, una semana antes de viajar a Ecuador, donde ella y su abuelo declararán junto con la testigo Sara Méndez y los peritos Gerardo Caetano y Mirtha Guianze a propuesta de la parte demandante.
Caetano es historiador, Guianze es fiscal y Méndez estuvo detenida en 1976 en el centro clandestino Automóviles Orletti de Buenos Aires, usado por los órganos represores de la dictadura militar argentina (1976-1983), en la misma época que los padres biológicos de Macarena, Marcelo Gelman y María Claudia García.
El padre fue asesinado y sus restos mortales encontrados, pero los de la madre, que dio a luz a Macarena en cautiverio, siguen en paradero desconocido.
La bebé fue entregada a un policía y su esposa en Montevideo, con los que se crió hasta los 23 años, cuando su abuelo dio con ella y le reveló su verdadera identidad.
"Lo último que quería yo era llegar a esta instancia. Es muy difícil para mi enfrentarme a mi propio país, o al país que me pusieron, porque nací y crecí acá", dijo hoy Macarena sobre el proceso abierto en la Corte Interamericana.
Después de varios intentos infructuosos para que la justicia uruguaya investigara el caso, la joven y su abuelo presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2006.
En julio de 2008, la comisión emitió un informe en el que encontró violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y emitió una serie de recomendaciones al Estado uruguayo.
Ante el incumplimiento de esas recomendaciones, en diciembre de 2009 el informe fue elevado a la Corte Interamericana, instancia a la que por primera vez llegó Uruguay como acusado, recalcó hoy Tojo, que como Peralta pertenece al Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil).
En Quito las letradas pretenden demostrar no sólo la cooperación de las fuerzas represivas de los Estados del Cono Sur sudamericano en los años setenta y ochenta, en el marco de la Operación Cóndor, sino también los obstáculos que han encontrado para llevar adelante el proceso.
Un argumento a su favor es el dictamen que el año pasado declaró inconstitucional la Ley de Caducidad, norma que deja impunes los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985), en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven militante comunista torturada y asesinada en 1974.
Esa polémica ley, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y en octubre pasado, es considerada por Gelman y sus representantes como un impedimento para las investigaciones, porque ha otorgado a los Gobiernos de turno la potestad de decidir qué casos abarcaba esa normativa.
"Viola de forma flagrante la separación de poderes, además de ser la decisión de un Gobierno, no de un Estado", denunció hoy Macarena Gelman, que en la actualidad tiene 33 años.
En su caso, la llegada al poder del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) permitió que la causa se reabriera en dos ocasiones, en 2005 y 2008, pero los avances han sido limitados.
"Actualmente la causa sigue su curso en lo que para mi representa poco más que un trámite. No ha habido investigación. No ha habido hechos concretos, apoyo. No siento que exista una voluntad política", se quejó.
De forma paralela a este proceso, el partido oficialista uruguayo, el izquierdista Frente Amplio, ha enviado al Parlamento un controvertido proyecto para anular la ley.
Consultadas al respecto, las abogadas de Gelman dijeron hoy que será la Corte Interamericana la que defina de qué forma el Estado uruguayo debe adecuarse a los estándares de justicia internacionales y aclararon que ese texto legal no ha sido incluido como "un documento en el marco del litigio".
