El Gobierno uruguayo guarda silencio respecto a la decisión de las autoridades argentinas de denunciar penalmente a los ecologistas que desde 2006 bloquean un puente entre los dos países en protesta por la instalación de una planta papelera en Uruguay.
"Esa es la pauta que tenemos", indicaron hoy a Efe fuentes oficiales, al ser consultadas sobre las versiones de prensa que apuntan a que el presidente José Mujica ha ordenado a sus funcionarios no hacer declaraciones sobre el tema para evitar que un comentario obstaculice la resolución del conflicto.
Las fuentes recordaron que el propio gobernante indicó hace una semana, en el último encuentro sostenido con su homóloga argentina, Cristina Fernández, que su cometido es "ayudar para que la sociedad argentina pueda madurar los consensos".
Pese a la cautela del Ejecutivo uruguayo, varios senadores del partido oficialista, el bloque de izquierdas Frente Amplio, mostraron su opinión sobre el caso en declaraciones a los diarios El País, El Observador y otros medios.
"Me alegra que el Gobierno argentino respete el fallo de La Haya y el tribunal del Mercosur, llevando adelante acciones para cumplir con eso", dijo el senador Ernesto Agazzi.
A juicio de Agazzi, Fernández "se compromete en primera persona y tiene un peso muy fuerte" en la decisión, lo cual es "muy positivo".
Su colega Alberto Couriel opinó que es "un hecho favorable que cambia radicalmente la situación después de tanto tiempo cerrado el puente".
"Es un grado de avance impresionante. Esperemos con serenidad. El diálogo iniciado por Mujica da resultados", agregó.
Por contra, el senador Carlos Baraibar sostuvo que la decisión del Gobierno de Cristina Fernández es "más de lo mismo", ya que no se hará "nada" para el desalojo de los piquetes que cortan el paso desde noviembre de 2006.
Baraibar consideró que Uruguay debe "armarse de paciencia" y esperar una solución cuando "los Kirchner abandonen el poder", en alusión al matrimonio de Fernández con el ex presidente Néstor Kirchner.
Desde las filas de la oposición, el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, manifestó que "hay un paso adelante porque el Gobierno argentino está dispuesto a aplicar la ley y hacer efectivos los fallos judiciales".
No obstante, sostuvo que "llama la atención que recién ahora hayan resuelto actuar".
El senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, dijo que el Ejecutivo argentino "da un paso cualitativo", aunque sea tarde.
"Hay que dejarlo que ejecute y administre la sentencia judicial de la mejor manera para restablecer el estado de Derecho", opinó.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo el miércoles en una rueda de prensa que su Gobierno decidió presentarse como querellante en lugar de enviar a las fuerzas de seguridad para liberar el puente internacional "hasta tener que reprimir", algo que no está dispuesto a hacer ni hará, aseguró.
El Ejecutivo argentino presentó ante la Justicia una denuncia penal contra los miembros de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú, que bloquean el paso hacia la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la planta papelera de UPM (ex Botnia).
