La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que en Ecuador existe impunidad ante los excesos de las fuerzas policiales y a la vez se abusa de las acusaciones de terrorismo para perseguir a los opositores.
La organización presentó hoy un amplio informe, de 649 páginas, sobre el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.
Con respecto a Ecuador, HRW se refiere al levantamiento que hubo a mediados del año pasado, que comenzó con una manifestación de agentes de policía y culminó en la retención del presidente Rafael Correa en un hospital.
El informe revela que "al menos una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones fueron juzgadas o investigadas durante 2010 por terrorismo, una acusación desmedida que se debió a la existencia de disposiciones definidas vagamente en el Código Penal".
HRW asegura que en el momento de preparar el informe "cientos de policías (que participaron en el levantamiento) estaban siendo investigados".
Caso contrario ocurre, según la organización, con los "policías responsables de abusos cometidos durante años anteriores" y que hasta el momento "no han rendido cuentas por sus actos".
En los casos de abusos policiales, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, "la impunidad ha sido la regla" en Ecuador.
Según el informe "los responsables de los asesinatos que la policía atribuye a 'ajustes de cuentas' entre pandillas delictivas pocas veces responden ante la justicia".
El informe también se refiere a los obstáculos que existen para el libre ejercicio de la libertad de expresión.
En Ecuador hay "vigentes leyes penales sobre difamación que restringen la libertad de expresión", y algunos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación pueden llevar a la "censura" de los medios.
Asimismo, señala, persisten los conflictos de jurisdicción entre la justicia ordinaria y los sistemas de justicia indígena tradicionales que, según la Constitución, de 2008 gozan de igual jerarquía.
"Los críticos del sistema de justicia indígena afirman que es responsable de numerosos linchamientos recientes que tuvieron amplia repercusión en la prensa", afirma HRW.
El informe apunta que en varias oportunidades el presidente Correa ha acusado a defensores del medio ambiente y a organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los indígenas de "entrometerse en política, fomentar la violencia y recibir fondos extranjeros con el fin de desestabilizar el país".