Ecuador debe modificar algunas disposiciones del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación para cumplir con su obligación jurídica internacional de proteger y promover la libertad de expresión, señaló hoy Human Rights Watch (HRW).
En una carta dirigida hoy a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, HRW dice que el proyecto de ley, apodado en ese país por varios medios de comunicación como "ley mordaza", contiene medidas positivas, pero también identifica algunas disposiciones que deben ser corregidas con el fin de proteger el derecho de la libertad de expresión.
"Esta ley, que incidirá profundamente en derechos fundamentales, es clave", señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch.
"La verdadera libertad de expresión supone fomentar y facilitar el libre debate de ideas, y asegurarse de que las personas no sean sancionadas por expresar sus opiniones, incluso sobre temas que no sean populares", indicó.
HRW considera positiva la prohibición expresa de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación en el proyecto de ley y también el hecho de que fomentaría el uso de subtítulos o lenguaje de señas para facilitar un acceso más equitativo a quienes padecen discapacidades auditivas.
No obstante, pide la modificación del artículo 9, el cual, al contener un lenguaje ambiguo, como la referencia a la información "veraz", podría llevar a la censura previa, alega HRW.
Si se lee conjuntamente con otro artículo, el 29, agrega, "se podría dar lugar a una típica situación de censura ilegítima", ya que podrían aplicarse indebidamente para adoptar leyes que impidan la publicación o difusión de cualquier información que las autoridades consideren que "no es veraz".
También se debe cambiar el artículo 102 del proyecto, el cual, dice HRW, "posibilita la injerencia indebida por parte del Gobierno", por ejemplo, al permitirle que se apliquen sanciones a medios de comunicación que incumplan sus propios códigos de ética.
Por último, convendría, además, modificar el artículo 18, dado que, al exigir que todos los periodistas sean profesionales, contradice los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Esa declaración, explica HRW, establece que el exigir un título universitario para el ejercicio del periodismo constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
Esta organización afirma que el proyecto no aborda adecuadamente tres cuestiones importantes.
En concreto, no despenaliza la difamación de funcionarios públicos, que, afirma HRW, "resulta indispensable para promover un debate público dinámico, que es necesario en cualquier democracia".
Tampoco regula adecuadamente la obligación impuesta a todos los canales de radio y televisión de trasmitir discursos oficiales en cadena, ni el proceso para asignar fondos públicos a la publicidad oficial, asegura HRW.
