La mayor asociación indígena de Ecuador y el partido Pachakutik demandaron hoy al presidente del país, Rafael Correa, por presuntamente autorizar explotaciones petroleras en el territorio "ancestral" de pueblos que viven en aislamiento.
En una rueda de prensa, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Movimiento Pachakutik, su brazo político, explicaron que su objetivo es evitar el "genocidio" de las tribus tagaeri y taromenane, que viven en una vasta extensión de la Amazonía colindante con Perú.
"Hablamos de clanes de alrededor de más de 200 personas", dijo el asambleísta Cléver Jiménez. Se trata de uno de los pocos grupos humanos que aún existen en el planeta que se rehúsan a cualquier contacto con el exterior.
La Conaie y Pachakutik mantienen que el propio Gobierno conoce la presencia de esos pueblos en la zona del Campo Armadillo, como se pone de manifiesto en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente.
El estudio ofrece como evidencia varios contactos con colonos, muertes violentas y rastros físicos, según los demandantes.
La Conaie y Pachakutik mantienen además que violan el territorio de los tagaeri y taromenane las operaciones de la empresa pública Petroamazonas en el Bloque 31, localizado en el interior del Parque Nacional Yasuní.
Asimismo, alertaron de que el Gobierno tiene listo el plan de manejo ambiental para la explotación del Bloque ITT, también dentro del parque.
El Ejecutivo pide a la comunidad internacional compensaciones económicas por no sacar el petróleo de la zona ITT, pero asimismo ha indicado que si no las recibe procederá a bombear el crudo.
"Se están implementando procesos ilegales de exploración y explotación en territorios de esos pueblos", denunció Marlon Santi, presidente de la Conaie.
La nueva Constitución ecuatoriana, cuya elaboración impulsó Correa, establece que "los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva".
Los dirigentes indígenas presentaron personalmente ante la Fiscalía general del Estado la demanda, que además de a Correa cita como imputados a casi treinta funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno, incluidos los actuales ministros de ambiente y recursos no renovables, Marcela Aguiñaga y Wilson Pástor, respectivamente, y el Secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado.
Jiménez indicó que si no tiene éxito la acción a nivel local, presentarán la demanda ante la Corte Penal Internacional.
La Conaie apoyó inicialmente a Correa cuando éste asumió la Presidencia, pero en los últimos años se ha convertido en un foco de oposición, principalmente por su rechazo a proyectos de ley de minería y aguas que a su juicio atentaban contra sus derechos, lo que niega el Ejecutivo.
