El informe de la comisión investigadora de los sucesos en Bagua, que se saldaron con más de 30 muertos en junio pasado, atribuye a congresistas nacionalistas y sindicalistas el haber azuzado a la violencia a los indígenas de esa región peruana, dijo hoy Susana Pinilla, representante del Gobierno en la comisión.
En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, la comisión investigadora presentó a la prensa un resumen del informe en el que, según la ex ministra e integrante de la comisión Susana Pinilla, ofrecen testimonios de gran importancia, después de encontrar "una verdad que duele mucho".
Pinilla, representante del actual Gobierno en la comisión, dijo que a los hechos del pasado 5 de junio en la provincia amazónica de Bagua "se sumaron actores de esa localidad, ronderos (guardianes campesinos), el frente de defensa (organización civil regional), el Sutep (sindicato de profesores estatales), y los congresistas nacionalistas (de oposición) que azuzaron los ánimos violentistas".
Una larga huelga de comunidades indígenas amazónicas, en protesta por un paquete de leyes que consideraban perjudiciales a sus derechos sobre la tierra y el agua, derivó en un estallido de violencia en junio pasado cuando la policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes.
De acuerdo con los testimonios recogidos en Bagua, Pinilla explicó que mientras se producía la toma de la carretera en la zona conocida como la Curva del Diablo, un grupo de policías subía a un cerro cercano para intentar controlar a los manifestantes desde la altura.
Sin embargo, "suben (al cerro) 300 a 400 nativos, a quienes los policías evaden con bombas lacrimógenas", pero finalmente los indígenas los acorralan.
El desaparecido mayor de la policía Felipe Bazán comienza a disparar muy cerca de los nativos, continuó Pinilla, tras añadir que la policía dice que fueron 1.500 indígenas los que subieron a ese cerro y se enfrentaron a los agentes.
Pinilla señaló que cuando llegó con retraso el general Luis Muguruza, a cargo del operativo, al cerro, los indígenas ya habían tomado las armas del mayor Bazán y seis oficiales habían sido "desbarrancados" y luego aparecen sus cuerpos.
Sin embargo, los restos de Bazán no ha sido hallados hasta la fecha.
"En ese lapso es que se producen las muertes. El general Muguruza entra a hacer el desalojo y son atacados con armas de fuego (de los policías reducidos por los nativos)", precisó Pinilla.
En esa acción, murieron 11 policías y uno sigue desaparecido, además de 10 civiles, entre nativos y pobladores de la zona.
Mientras, otro grupo de agentes muertos brindaba seguridad en una estación petrolera, alejada de la zona de los enfrentamientos, que también fue atacado por los nativos.
En dicha estación, un grupo de indígenas que retuvo a 38 policías asesinó, en aparente represalia, a 12 de ellos.
Otro representante de la comisión, el politólogo Manuel Bernales aclaró que el grupo de trabajo no tenía la función de "judicializar nada", sino describir lo sucedido y presentar las evidencias de responsabilidades.
Bernales criticó a dos de los integrantes de la comisión, la religiosa Mari Carmen Gómez y el líder indígena Jesús Manasés, por haberse negado a firmar el informe y denunciar que no refleja la información recogida en cuatro meses de trabajo.
Manasés, que presidió el grupo de investigación, y Gómez han presentado una carta con 42 observaciones en las que aseguran que no se ahondó en la responsabilidad del Gobierno y la policía en las aparentes descoordinaciones para ejecutar el desalojo de la Curva del Diablo.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, dijo que el Gobierno dará un nuevo plazo, hasta el 12 de enero, para que la comisión investigadora se reúna con otras cuatro mesas de diálogo sobre la problemática indígena para debatir su informe final.
