Un centro de estudios que promueve los derechos de la mujer en Chile interpuso hoy tres nuevas querellas por violencia sexual como forma de tortura, sufrida por mujeres durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los casos de Catalina Palma, Elizabeth Rubio y Gimena Zavala, se suman al interpuesto en diciembre de 2010 por Patricia Herrera, una querella que marcó un hito en materia de justicia de derechos humanos, ya que por primera vez el Estado chileno se vio obligado a investigar judicialmente un tema que se había mantenido silenciado.
"Estamos pidiéndole al Estado de Chile que investigue este grave problema y que sancione a los culpables y que repare a las mujeres por estas atrocidades que vivieron", señaló hoy a Efe la abogada Paulina Maturana, de la Corporación Humanas, tras presentar la demanda en la Corte de Apelaciones.
La abogada sostuvo que las querellas tienen un nexo común que las convierte en "especiales", ya que las tres mujeres fueron secuestradas en Buenos Aires en noviembre de 1975 a través de la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet, y la policía argentina.
Las tres permanecieron detenidas en la cárcel bonaerense de "Villa Devoto", donde fueron torturadas "terriblemente" y sufrieron todo tipo de vejaciones sexuales.
Palma y Zavala, militantes del Partido Socialista, estuvieron en la cárcel de la capital argentina hasta 1976, cuando fueron liberadas y se exiliaron en Londres, mientras que Rubio salió en 1977 y partió a Bélgica.
Los abusos se produjeron en el marco de la "Operación Cóndor", una ola de represión coordinada por las diferentes dictaduras del Cono Sur durante la década de 1970.
"Si comparas la forma en que fueron torturadas, ésta es exactamente igual a la que usaron aquí en Chile con las mujeres que estuvieron detenidas en diferentes lugares de concentración", subrayó la abogada de la Corporación Humanas.
Por ello, uno de los objetos de la medida judicial es que se investiguen y se establezcan las conexiones que existieron entre la temible DINA y los servicios de inteligencia argentinos.
"También esperamos que estas mujeres que sufrieron horrores puedan ser reparadas como ellas lo merecen y que los culpables sean sancionados", concluyó Maturana.
