La actualización de una guía del Gobierno argentino que permite a los médicos interrumpir embarazos producto de violación sin necesidad de intervención judicial desembocó hoy en una nueva polémica entre sectores progresistas y conservadores de este país.
Apenas unos días después de las disputas surgidas por aprobación de la ley que permite los matrimonios homosexuales, el Ejecutivo de Cristina Fernández vuelve a ser centro de controversia por una renovación de la "Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles" elaborada y difundida por el Ministerio de Salud.
Las leyes argentinas aceptan el aborto en los supuestos de violación probada, peligro para la vida o incapacidad mental, casos que se han dirimido en los tribunales, mientras que la guía oficial indica que los médicos "no deben ni están obligados a requerir la intervención y/o autorización judicial" en ciertas circunstancias.
Grupos religiosos y abogados acusaron al Gobierno de facilitar o "legalizar de hecho" el aborto por medio de una interpretación del Código Penal, extremo tajantemente rechazado por legisladores oficialistas y organizaciones feministas.
La revisión de la guía fue publicada en la tarde del martes en la página de internet del Ministerio de Salud con la leyenda de que respondía a una resolución firmada el 12 de julio por el titular de esa cartera, Juan Manzur, quien hoy negó haberla suscrito.
El instructivo actualizado establece que una mujer violada puede abortar en forma lícita, en ejercicio de su "propia libertad indelegable", si presenta una declaración jurada de que ha sido víctima del violento abuso sexual.
Además apunta que las adolescentes "poseen capacidad de discernimiento para brindar su consentimiento" a la interrupción de su embarazo producto de violación, "de conformidad" a leyes de protección de los menores de edad y la Constitución Nacional.
En los casos de menores de 14 años "se requerirá la asistencia de los padres, tutores o encargados para acceder a la práctica del aborto", señala al aclarar que "la presencia de uno solo de los padres es legalmente suficiente".
La intervención judicial está prevista "sólo en caso de negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña o adolescente".
La guía oficial aclara que los médicos pueden negarse a practicar abortos por "objeción de conciencia".
Los claroscuros de la legislación sobre los supuestos de aborto ha dado lugar a controvertidos procesos en los últimos años, como los ocurridos en 2006 en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza en los que jóvenes discapacitadas y violadas tuvieron que esperar autorización de la Justicia para abortar.
La presidenta Cristina Fernández se ha pronunciado en contra de legalizar el aborto.
"Esto es legalizar el aborto de hecho y por una vía administrativa", aseguró Christian Hooft, abogado y vicepresidente de la Alianza de Iglesias Evangélicas, a la edición digital del diario La Nación, que publicó en portada la nueva normativa oficial.
Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, aseguró en cambio que la guía apunta a "dar una más clara orientación a los profesionales de la salud y preservar a las mujeres".
Para la diputada oficialista Juliana Di Tullio, la decisión pretende evitar la "mala intención de judicializar" los supuestos legales de aborto, mientras que para el ex presidente Eduardo Duhalde, contrario a la iniciativa, el tema "va a dividir nuevamente a la sociedad".
