El presidente de Uruguay, José Mujica, mostró hoy durante una reunión que mantuvo con la bancada parlamentaria del oficialista Frente Amplio su rechazo al proyecto que pretende inhabilitar la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
El mandatario acudió al Parlamento acompañado por el vicepresidente Danilo Astori, quien ya se había mostrado contrario a la iniciativa, y allí planteó a los legisladores su molestia y explicó los motivos por los que cree que aprobarla causará daño a su grupo político.
Sin embargo, Mujica no pidió de forma explícita a los diputados que votaran en contra del proyecto en la Cámara de Diputados el próximo día 19 de mayo, cuando en principio está previsto que se someta a votación.
Según dijo al portal Montevideo.com el diputado Juan Souza, Mujica dirigió a sus compañeros, "con honestidad política, en pie de igualdad y de compañero a compañero", su discrepancia con la polémica iniciativa.
Souza dijo que el presidente, un veterano ex guerrillero tupamaro, considera que el proyecto planteado "no es la más adecuada", y que "puede acarrear problemas con respecto al fin que se busca", que es "la desaparición de la Ley de Caducidad".
Además, Mujica consideró que tendrá consecuencias electorales para la coalición.
Esta es hasta la fecha la manifestación más clara de Mujica en contra del proyecto, promovido por el Frente Amplio (FA) pero que ha generado mucha división interna, críticas de toda la oposición y molestia en las filas militares.
El pasado 12 de abril el Senado aprobó la norma con los votos del FA, que tiene mayoría, y la oposición de los otros partidos con representación parlamentaria, y ahora deberá ser ratificada por el Congreso.
Esta posibilidad alteró al estamento militar, que considera que lo que se pretende es una venganza de lo sucedido en el pasado y una traición por parte del presidente Mujica, que dijo al asumir el poder que no buscaría "revancha" ante los militares.
La Ley de Caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras la salida de la dictadura, y refrendada en dos plebiscitos, el primero tres años después y el segundo en 2009, ambos impulsados por el FA.
La norma otorga al Gobierno de turno la potestad de definir los casos que están comprendidos en ella. Todos los gobiernos que ha habido tras la salida de la dictadura hasta 2005 se ampararon en esa ley para no acoger las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
En 2005, con la llegada a la Presidencia de Tabaré Vázquez, del FA, comenzó a aplicarse un nuevo enfoque.
