Anulación de pruebas a Toledo retrata vicios cometidos en Panamá en caso Odebrecht

La reciente decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, de invalidar la cooperación e información extraída de los sistemas encriptados de Odebrecht (Drousys y My Web Day) en el proceso contra el expresidente peruano Alejandro Toledo —reiterando un criterio aplicado previamente con el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá, así como con Ollanta Humala en Perú— marca un punto de inflexión en el desarrollo de este caso.

La anulación de pruebas decretada por Toffoli responde a la contaminación de la cadena de custodia durante la operación. En términos jurídicos, la decisión pone en evidencia la doctrina del "árbol envenenado": una prueba obtenida mediante procedimientos viciados no puede sustentar un juzgamiento válido.

Toffoli fundamenta su decisión en que las pruebas obtenidas por el Juzgado 13 Federal de Curitiba, en ese entonces a cargo del exjuez Sergio Moro, presentan graves vicios procesales e irregularidades en la cadena de custodia desde su origen.

El dictamen del tribunal brasileño reitera que la información contenida en el acuerdo de lenidad de Odebrecht no es apta ni legalmente válida para ser empleada en procesos judiciales fuera de Brasil. La decisión también limita nuevos actos de cooperación desde Brasil sustentados en dicho material.

La resolución beneficia a la defensa de Toledo, condenado a 20 años de cárcel por colusión y lavado de activos.

My Web Day B, en tanto, consistía en un software corporativo creado específicamente para solicitar, procesar, pagar y controlar todas las acciones del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht. El sistema fue desactivado luego de la detención de Marcelo Odebrecht.

La evidencia derivada de ese sistema y de Drousys, utilizada en el Acuerdo de Clemencia 5020175-34.2017.4.04.7000 firmado por Odebrecht en Brasil, es nula y carece de validez para el solicitante.'

En 2024, el juez José Antonio Dias Toffoli extendió a favor del expresidente Ricardo Martinelli, la inutilidad de las pruebas derivadas de los sistemas encriptados de Odebrecht (Drousys y My Web Day).

La anulación de pruebas contra Toledo, asimismo, ha vuelto a poner en evidencia los cimientos endebles de este caso a nivel regional. No hay que olvidar que hace tan solo unas semanas el expresidente Ollanta Humala salió en libertad luego de que se anulara su condena en el caso Odebrecht en Perú.

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala fue candidato presidencial.

Situación en Panamá

Ambas situaciones resueltas a nivel internacional recientemente contrastan con el escenario que ha experimentado el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá.

En 2024, Dias Toffoli anuló las pruebas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B de Odebrecht aplicadas en los procesos contra el expresidente Martinelli, y otros señalados como Juan Antonio Niño y Ricardo Francolini.

Entonces mientras el magistrado declaraba nulas las pruebas derivadas de esos sistemas, en Panamá estas fueron la base para hacer el llamamiento a juicio contra Martinelli, entre otros, por la trama relacionada con la empresa brasileña Odebrecht.

La invalidez de las pruebas brasileñas genera un golpe de alto impacto técnico a la fiscalía local, debilitando uno de los pilares documentales de la acusación, situación advertida ampliamente por su defensa.

"El magistrado Toffoli, mediante diferentes resoluciones, extendió los efectos de la nulidad de lo derivado del acuerdo de Odebrecht en Brasil hacia diferentes ciudadanos panameños entre ellos Martinelli. Eso es un punto que debe resolver la señora jueza al momento de dictar la sentencia", puntualizó el abogado Carlos Carrillo.

Por otro lado, el abogado Alejandro Pérez ha advertido que la acusación contra Ricardo Martinelli, relacionada a que recibió coimas de Odebrecht, no tienen sustento porque en 2008 y 2009 no era funcionario. Un caso similar al que se determinó con Humala.

Al respecto, la defensa del exmandatario ha reiterado que los fondos se recibieron en concepto de "donaciones políticas", fueron declarados ante las instancias correspondientes y destinados principalmente al pago de cuñas publicitarias en diversos medios de comunicación.

Más de seis meses después, Martinelli y el resto de los indiciados siguen a la espera de la sentencia de la jueza Baloisa Marquínez. A criterio del abogado Roniel Ortiz, esta sentencia debe salir lo más rápido posible.

"Aquí se debe aplicar que esas pruebas no valen y estos procesos tienen que ser cerrados. Nosotros esperamos que esa sentencia salga lo más rápido posible absolviendo a todo el mundo o archivando ese proceso porque allí nada vale, todo fue ilegal", alertó Ortiz.