Anuncian acciones legales contra fiscales del caso Panama Papers y exige depuración en el Ministerio Público

Tras quedar en firme la sentencia absolutoria de los casos Panama Papers y Lava Jato, el abogado Basilio González anunció en Nex Noticias que iniciará acciones legales contra los fiscales que instruyeron estas investigaciones, al tiempo que solicitó al nuevo Procurador General de la Nación una depuración dentro de la institución.

González sostuvo que las investigaciones se impulsaron a sabiendas de que la creación de sociedades anónimas no constituía un delito para los agentes residentes, citando la protección de la Ley 2 de 2011.

Acciones legales contra fiscales

El jurista adelantó que se tomarán medidas judiciales contra los funcionarios que ejecutaron las sumarias dentro del proceso.

"Se van a tomar acciones en contra de esos fiscales que actuaron de una manera ilegal, a sabiendas de que los hechos no constituían delito. La única manera de que esto no vuelva a suceder en Panamá es que paguen las consecuencias jurídicas", afirmó González durante la entrevista.

Según el abogado, la actuación de ciertos instructores vulneró el principio de objetividad y la ética profesional, señalando incluso presuntas presiones a los procesados para obtener delaciones a cambio de medidas cautelares o libertades.

Carta al Procurador para exigir depuración

Como parte de las acciones, González indicó que enviará un listado al actual Procurador General de la Nación con los nombres de las personas que lideraron y participaron en estas pesquisas para solicitar su salida del Ministerio Público.

"Hay personas que están dentro de la administración de la Procuraduría que no son leales ni éticas, y no deben trabajar en el Ministerio Público porque manchan la reputación de esta nueva administración. Seríamos cómplices si permitimos que continúen en esos puestos", aseveró.

Una década de "muerte civil" y daño reputacional

Por otra parte, González visibilizó el impacto personal y social que sufrieron las personas procesadas a lo largo de diez años de litigio, un periodo en el que, según denunció, se violó la dignidad humana y los derechos fundamentales de los investigados.

Destacó que los involucrados enfrentaron detenciones preventivas, prohibición de salida del país, cancelación de cuentas bancarias y deterioro de su salud. González remarcó que algunos de los procesados fallecieron antes de escuchar el fallo definitivo.

El abogado destacó que el proceso no solo provocó el cierre de una firma con más de 200,000 sociedades anónimas, sino que causó un daño severo a la reputación internacional del sistema financiero y legal de Panamá.