Iris Pérez Saavedra y Amadelis Valderrama, funcionarias de la Contraloría General de la República, invocadas por la fiscalía como testigos dentro del juicio oral seguido a Ricardo Martinelli no mencionaron al expresidente dentro del informe de auditoría que realizaron sobre la compra de un equipo tecnológico que se dio entre la empresa MNL Group y el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

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Las testigos al ser interrogadas por la defensa del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) de forma enfática señalaron que el mismo no guarda ningún tipo de relación con la compra de los mencionados equipos.

Las funcionarias indicaron que dentro de dicha auditoría no se pudo tener información sobre cuál entidad del Estado y qué funcionarios fueron los que solicitaron el proyecto donde se usarían dichos equipos tecnológicos.

También señalaron que no pudieron certificar sobre qué institución y funcionarios mantenían la custodio de dichos equipos.

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Iris Pérez Valderrama y Amadelis Saavedra a pregunta del abogado Sidney Sittón, indicaron que dicha auditoría fue solicitada por el contralor Federico Humbert a pedido de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Cuentas.

Hay que destacar que el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, manifestó que dentro de la institución que él dirige nunca se llevó adelante ninguna investigación contra el exgobernante, afirmación que coincide con lo señalado por las peritos de la Contraloría.

Las testigos también señalaron que en la realización de la auditoría se le presentaron ocho debilidades para poder realizar el peritaje, entre las que están la limitación en la obtención de la documentación, así como una serie de inconsistencias en la contratación directa que se hizo con MNL Group.

Sin embargo, al ser cuestionadas por el abogado Sideny Sittón sobre las fallas que se les presentaron, y ninguna guarda relación con Ricardo Martinelli.

Ante esto, el jurista agregó que lo señalado por las funcionarias de la Contraloría ha dejado en claro que el exmandatario no está relacionado con ninguna irregularidad administrativa o de carácter patrimonial.

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Sittón agregó que las normas de control interno gubernamental de Panamá indican que cuando se le quiere responsabilizar a una persona por la pérdida de algún bien del Estado, tiene que habérsele dado por escrito la custodia o la percepción de ese bien.

"En este caso las propias auditoras indicaron de que en su informe no radica que exista una orden escrita como lo dictan las normas de control interno gubernamental, de quién era la persona que tenía la percepción, la administración o la custodia del bien", manifestó el defensor.

Para el día de hoy se debe continuar con el desahogo probatorio de los testigos invocados por la fiscalía dentro de este juicio oral que inició en el mes de marzo de este año.

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