Canciller de Colombia prepara acciones legales por falsas acusaciones sobre asilo a Martinelli

Luego de que la exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, acusará a Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, de supuestamente recibir dinero a cambio del otorgamiento de asilo del expresidente Ricardo Martinelli, se conoció que la canciller estará presentando una demanda en su contra.

La llegada de Martinelli al país suramericano ha causado molestias en algunos detractores del actual gobierno, quienes en redes sociales cuestionaron la decisión del presidente Gustavo Petro. 

Una de las que más criticó la medida fue la exembajadora Benedetti, asegurando no solo que Sarabia habría negociado la salida del exmandatario de la embajada nicaragüense, sino que habría recibido dinero por ello. 

“Ese asilo le debió costar una plática importante a Martinelli. Conozco bien a Martinelli, también a Laura. Ninguno de los dos hace nada gratis”, expuso en X. 

Tras las acusaciones, fuentes cercanas al equipo legal de la ministra informaron que preparan una demanda en su contra por presunta violencia moral contra un servidor público, delito tipificado en el artículo 429 del Código Penal.

Según las leyes colombianas, la pena para quienes incurran en esta falta es de 4 a 8 años de prisión.

Los constantes ataques de la exembajadora podrían deberse a que actualmente Sarabia enfrenta una acción legal por violencia política de género contra su hermano, Armando Benedetti, quien se desempeña como ministro de Interior.

Aunque ni la ministra ni la Cancillería se han pronunciado sobre el tema, en días pasados, el presidente Petro señaló que su país siempre ha respetado los acuerdos de asilos políticos y así seguirá haciéndolo. 

El mandatario reiteró que el asilo del expresidente Martinelli se hizo en completo respeto al derecho pro persona y la protección de personas perseguidas por razones políticas. 

Martinelli, asilado hasta el 10 de mayo en la embajada de Nicaragua en Panamá, se encuentra actualmente en Colombia bajo el estatus de “perseguido político”.