Caraballo habría usado el JSP para 'persecución política', según abogada

La manipulación del sistema de justicia durante la administración del exprocurador Javier Caraballo sigue pasando factura a diversas personalidades políticas, entre ellas, la exdiputada Zulay Rodríguez, que, pese a no tener ningún proceso de investigación abierto en el país por delitos relacionados con narcotráfico, es objeto de una "alerta" de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emitida mediante el sistema Joint Security Program (JSP).

Dicha inconsistencia, a juicio de la abogada costarricense Paola Mora Tumminelli, supone que el JSP, utilizado para fortalecer la seguridad en los puntos de entrada y salida de los países adscritos, fue empleado, en su momento, como "instrumento de extorsión y de persecución política".

Señaló en su declaración a las autoridades, el pasado 20 de agosto, que la alerta contra Rodríguez se originó en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) con solicitud de réplica a México, Estados Unidos y Costa Rica por los delitos de apropiación de 68 kilos de oro, blanqueo de capitales, estafa, prevaricato, asociación ilícita para delinquir, conspiración criminal y narcotráfico.

No obstante, la propia dependencia de la Interpol en Panamá certificó en la misiva OAL-059-2026 que no existe ni ha existido una notificación ni difusión a nombre de Rodríguez.

"No se ha realizado requerimiento por autoridad competente por conducto de esta oficina, dentro del marco de nuestra competencia y registro disponible", expresó el organismo.

Información que también fue respaldada por el Servicio Nacional de Migración (SNM) al indicar, en dos ocasiones, que en sus registros no consta impedimento de salida ni alertas contra la exdiputada.

Además, la Procuraduría General de la Nación, a través de la nota PGN-SG-015-2026, validó que no se ha iniciado ninguna investigación formal contra Rodríguez por delitos relacionados con drogas.'

La exdiputada sostiene que las certificaciones emitidas por distintas entidades evidencian que las actuaciones de Caraballo, mientras estuvo al frente del MP, buscaban perjudicarla, ya que el aviso fue interpuesto en mayo de 2024, cuando el país se encontraba en plena contienda electoral.

Rodríguez espera que las nuevas autoridades investiguen las irregularidades cometidas por el exprocurador a fin de que responda por sus actos.

El sistema Joint Security Program, según la abogada costarricense Paola Mora Tumminelli, utilizado para fortalecer la seguridad de los países adscritos, fue empleado, en su momento, como "instrumento de extorsión y de persecución política".

La exdiputada sostiene que las certificaciones emitidas por distintas entidades evidencian que las actuaciones de Caraballo, mientras estuvo al frente del MP, buscaban perjudicarla, ya que el aviso fue interpuesto en mayo de 2024, cuando el país se encontraba en plena contienda electoral.

Espera que las nuevas autoridades investiguen las irregularidades cometidas por el exprocurador a fin de que responda por sus actos.

Caraballo también ha sido acusado de presuntamente compartir información sobre casos de alto perfil con los encargados del medio digital Foco, Mauricio Valenzuela y Annette Planells, para extorsionar a los involucrados.

Valenzuela, de acuerdo con la declaración de Diana Ríos Cardona, pareja sentimental del propietario de las láminas de oro cuya presunta sustracción se le atribuye a Rodríguez, no solo afirmaba ser amigo del exprocurador, sino que también tenía información privilegiada sobre la audiencia del caso antes de que esta se llevara a cabo, lo que evidencia la conexión entre ambos.