Economistas esperan que se haga justicia, si se comprueba que entidades bancarias fueron afectadas desde la Superintendencia de Bancos, por arbitrariedades -aparentemente sin justificación- cometidas por funcionarios nombrados por el expresidente Juan Carlos Varela.

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Y es que, como parte del desastre que provocó al sistema financiero las inexplicables improvisaciones del Gobierno pasado, se encuentran también los nombramientos que hizo Varela de los superintendentes Ricardo Fernández y Melissa Quintero, y de la interventora Judith Varela.

Esta última señalada de haber gastado más de 300 mil dólares en 45 días de gestión, además de estar emparentada con el exmandatario, lo que califica como una especie de "nepotismo financiero".

Algunos de los bancos que habrían resultado directamente afectados por acciones emprendidas por estos funcionarios, desde la Superintendencia de Bancos, son Balboa Bank y AllBank, así como la casa de valores Plus Capital Markets.

Demandas millonarias

Con el Balboa Bank, la Superintendencia anunció la inexplicable acción de "reorganizar" el banco, lo que en menos de un año redujo su valor en menos de 100 millones de dólares, provocó una venta forzada, y al final generó un daño patrimonial a los ahorristas e inversionistas, quienes nunca pudieron cobrar su dinero.

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Por esto, ya hay una demanda por casi $80 millones, por daños y perjuicios ocasionados, tras la decisión tomada bajo la gestión de Ricardo Fernández.'

La economista Maribel Gordón lamentó que al final sean los cuentahabientes los más afectados. "En estos casos en particular, son ellos los que han perdido su esfuerzo, su sacrificio por tener algún nivel de ahorro".

Y sobre los casos de "nepotismo financiero" donde aparecen funcionarios señalados de supuesto parentesco con el expresidente Varela (como la interventora Judith Varela), la economista dijo que se confirma que "no hay ni fiscalización ni seguimiento ni control para evitar estos casos de nepotismo".

La diputada de CD, Mayín Correa, presentó un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal, y que los funcionarios respondan por sus acciones, en lugar del Estado.

En cuanto a AllBank, una intervención de la Superintendencia de Valores, también sin aparente justificación, mantiene a los depositantes por casi 60 días acceder a su dinero.

Estos planes de "reorganización", sin razón alguna, también han afectado a la casa de valores Plus Capital Markets, por lo que no se descartan nuevas demandas contra el Estado.

Al respecto, Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, señaló: "Habrá que esperar los resultados judiciales, confiando en que se va a hacer justicia. El tema es que las demandas son contra el Estado, porque los funcionarios tienen un grado de responsabilidad, pero al final es el Estado el que paga".

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El dirigente gremial pidió que en posibles procesos de indemnización, se les dé prioridad a los clientes de los bancos afectados para que, de conformidad con la ley, "se les regrese su dinero".

Samuel Moreno opinó que "es injusto" que en una presunta guerra entre poderes económicos o políticos, quienes pierdan sean los clientes de determinados bancos. "Es un tema delicado, por lo que nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo", reiteró.

El presidente del Colegio de Economistas también recordó que hay otra demanda millonaria en curso contra el Banco Nacional de Panamá, que ronda los $1,200 millones, y que "fue interpuesta por un grupo económico muy poderoso aquí en Panamá. Sobre este caso también habría que esperar el fallo", señaló.

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