Las contradicciones de la fiscalía dentro de lo que va del juicio oral seguido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por supuestas escuchas telefónicas, han puesto de manifiesto cómo fue armado este proceso legal a inicios del actual gobierno de Juan Carlos Varela.

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Ayer, durante el contrainterrogatorio al testigo Luis Enrique Rivera Calles nuevamente quedaron demostradas las inconsistencias del Ministerio Público (MP) en cuanto al manejo de las evidencias dentro de este proceso seguido al exdiputado del Parlacen.

Luego de que la defensa culminó con el contrainterrogatorio a Rivera Calles, la fiscalía en un redirecto volvió a cuestionarlo y se dirigió específicamente al intercambio de correos entre la periodista Siria Miranda y la cuenta [email protected], en la cual se basa gran parte de la acusación al exgobernante.

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La fiscalía lo cuestionó específicamente sobre la impresión de estos correos y le mostró el propio acta para que recordara la fecha en que se dio este hecho y este indicó que el mismo se dio el 5 de agosto de 2014.'

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audiencias de juicio oral dentro de este proceso legal se han realizado hasta la fecha.

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días duró la defensa de Ricardo Martinelli contrainterrogando al testigo Luis Rivera Calles.

Sin embargo, en el acta de la propia fiscalía se indica que la diligencia de donde se obtuvo ese correo se dio el 14 de agosto de 2014, por lo que queda la interrogante de cómo 9 días antes de que se dio esa diligencia se pudo imprimir ese intercambio de correos electrónicos.

Ante esta inconsistencia, la defensa de Martinelli cuestiona cómo se pudo dar una situación como esta.

Ante esto, el abogado Sidney Sittón indicó que si hay un supuesto correo de la periodista Siria Miranda fechado en el año 2015, cómo es posible que en la fecha de impresión del mismo en soporte papel se diga que fue impreso el 5 de agosto de 2014.

Sin embargo, la inspección ocular en la cual se conoció de ese correo la hizo la fiscalía el 14 de agosto de ese mismo año.

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"Es decir, la impresión se hizo antes de que se hiciera la inspección, nuestra teoría y lo único que justifica esto es que Marcelino Aguilar se le apareció a Rivera Calles con las impresiones a su oficina y le pidió que le sellara eso, en realidad esto es lo que pudo haber pasado, porque las fechas no coinciden", indicó el jurista defensor.

Sittón añadió que estas inconsistencias lo que están demostrando es que "la propia fiscalía en el día de hoy se mató con su propia prueba, ya que la trajo, la exhibió y nos dio la oportunidad de insistir en un detalle que habíamos pasado desapercibido durante el contrainterrogatorio".

Compulsa de copia

Luego de culminada la participación del testigo Rivera Calles en la diligencia, el Tribunal de Juicio lo liberó, sin embargo, debe mantenerse atento, ya que el mismo también fue invocado en este proceso por el equipo legal del exmandatario y de ser necesario sería nuevamente requerido.

La defensa también aprovechó para solicitarle al tribunal que realice una compulsa de copias al MP de lo expuesto por el jefe informático del Instituto de Medicina Legal, y se abra una investigación por los señalamientos dados por su persona en donde dejó en evidencia cómo fue manipulado este expediente.

La defensa, luego de que Calles denunciara que el actual jefe del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López, era la persona quien daba instrucciones directas a los fiscales Marcelino Aguilar y Ricardo Muñoz sobre qué información hacer válida y cuál no dentro de este expediente, solicitó esta compulsa de copias y que se abra una investigación sobre lo afirmado por el testigo Calles.

Por su parte, el fiscal Aurelio Vásquez señaló que este juicio es como una novela y todavía faltan muchos testigos para armar este rompecabezas.

Durante su intervención ante los medios, Vásquez también aseguró que por este mismo caso hay dos personas que fueron condenadas en calidad de cómplices y que el autor de esos hechos se encuentra sentado en el banquillo de los acusados, esto en referencia a Ricardo Martinelli.

Frente a esta acusación del fiscal, el expresidente dio instrucciones a sus abogados para que emprendan una demanda civil contra este por la suma de 10 millones de dólares.

A través de una carta, que hizo pública el exmandatario, indicó: "Favor demandar civil y penalmente al fiscal Aurelio Vásquez por decir, violando mi presunción de inocencia, que el autor del delito (escuchas) estaba acá adentro".

Para hoy martes 21 de mayo se debe continuar con el segundo testigo de la fiscalía en juicio, el cual no se anunció.