Fiscalía revive la compra del lujoso apartamento de Publio De Gracia

La adquisición de un penthouse valorado en casi un millón de dólares por el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, mientras el país se recuperaba de los duros efectos de la pandemia de la covid-19, resurgió durante la audiencia en su contra por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La Fiscalía sostiene, con base en el testimonio de quien calificó como la "expareja" del exfuncionario, Ninoshka Ríos Samaniego, que "cambió su estilo de vida" al ingresar a la entidad.

Ríos Samaniego, en su "afán" de colaborar con la investigación, aquel 11 de agosto a la 1:27 de la madrugada reveló que De Gracia vivió varios meses alquilado, en al menos tres inmuebles diferentes, antes de ser servidor público, dejando entrever que no contaba con la solvencia económica suficiente para adquirir una propiedad de esta característica, pero tras su designación, esto cambió.

Aunque el exdirector de la DGI optó inicialmente por un apartamento de menor valor, sus aspiraciones habitacionales ascendieron repentinamente más allá del piso #40 del PH Costanera.

De Gracia habría utilizado una fundación denominada Costa Andrés para abonar $100,000.00 a la propiedad; el resto fue financiado a través del Banco Nacional de Panamá.

Una transacción dudosa para el fiscal Eduardo Rodríguez, tomando en cuenta que su salario mensual era de 6,000 dólares; cifra que también le permitió realizar un "préstamo" sin obligación de devolución por $10,000 a Ríos Samaniego para el pago inicial de un automóvil.

Rodríguez, durante su intervención, también trajo a colación el acuerdo suscrito durante la administración de De Gracia con la empresa FCC Construcción S.A. en el que se le exoneraron $16.3 millones en Impuesto Sobre la Renta y Complementario, asociando esta negociación a los 724 mil dólares que, hasta la fecha, no ha podido justificar.

Publio De Gracia estaría penando su detención preventiva en la sede de la DIJ, no obstante, los lunes, cuando se hacen los traslados, podría pasar a otro centro penitenciario.

La pena mínima para los delitos de los que se le acusa al exservidor público es de 11 años.

La Contraloría General de la República identificó un enriquecimiento de 724 mil dólares que De Gracia aún no ha podido justificar.

El equipo legal del exfuncionario invocó el recurso de apelación; la audiencia se desarrollará el próximo 31 de agosto a las 2:00 de la tarde.

La teoría del fiscal se fundamenta en que la empresa que representa a FCC ha realizado varios desembolsos a la cuenta de la esposa del exfuncionario, Elaine Salterio González; no obstante, su defensa argumentó que los pagos corresponden a su salario, ya que la compañía también presta servicios de gestión de planilla a la multinacional donde labora desde hace más de 10 años.

El Tribunal, pese a los alegatos de la abogada de De Gracia, ordenó su detención provisional mientras continúan las pesquisas del Ministerio Público.

Se espera que este lunes se decida el centro penitenciario donde permanecerá el exservidor público a la espera de que se resuelva su proceso judicial.

La fiscalía pide que se le aplique la pena mínima de 11 años.