Imputarán cargos a dueños de empresas en vacunación clandestina

El proceso penal por la vacunación clandestina en Coco del Mar, al parecer, sí tocará a los vinculados con un nivel social más alto, al menos eso anunció el procurador interino, Javier Caraballo.

El jefe del Ministerio Público dijo a TVN que ya le solicitaron una fecha de audiencia al Órgano Judicial para imputarle cargos a dos personas más en el proceso, en este caso las que facilitaron las instalaciones para que se desarrollara la vacunación clandestina.

Caraballo precisó que a estas personas se les formularán cargos contra la salud pública.

La propiedad del local en el edificio Coco del Mar Suites, en donde se realizó la vacunación clandestina anticovid-19, se le atribuye a la empresaria Dennis Vega, quien es representada en este proceso por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía.

Mejía, Caraballo y la fiscal del caso, Ruth Morcillo, fueron duramente cuestionados por reunirse en horas de la noche en una forma inusual para tratar, presuntamente, la vinculación de Vega en este proceso penal.

Hasta el momento, el único imputado en este caso es Matías Pérez, empleado de una funeraria, quien está detenido preventivamente acusado por falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la profesión y delitos contra la salud pública.

"Ya el Ministerio Público le pidió al Órgano Judicial, hace un mes, una audiencia para imputarle cargos a otras dos personas, sobre todo las que organizaron estas vacunaciones", sostuvo Javier Caraballo.'

1

de junio pasado, tuvo lugar la primera vacunación clandestina.

15

personas fueron vacunadas en esa ocasión.

7

de junio, se registró la segunda vacunación clandestina, esta vez en Coco del Mar.

Al preguntársele si los nuevos imputados serían los propietarios de las empresas que se mencionaron en la vacunación clandestina, el procurador interino afirmó que sí.

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"Estamos a la espera de que el Órgano Judicial nos fije fecha de audiencia. Estamos hablando de las dos personas que de alguna manera facilitaron instalaciones para que se realizaran las vacunaciones", destacó el fiscal general Javier Caraballo.

Caraballo también se defendió de las críticas que hacen algunos sectores por la lentitud de este proceso y por un posible favoritismo hacia algunos de los vinculados.

"Lamentablemente la investigación penal no puede llevarse a la carrera, cuando todo esto surgió había una serie de criterios por parte de la ciudadanía referente de hacia dónde debía ir el delito, pero nosotros de manera responsable debemos primero tener los elementos probatorios para luego accionar", manifestó.

Agregó que cumplido este proceso, el Ministerio Público le solicitó al Órgano Judicial una audiencia para imputar los cargos a quienes resultan vinculados.

Caso de hisopados

El procurador interino también fue cuestionado por el escándalo de supuesto tráfico de influencias en los hisopados obligatorios para viajar a las islas del Pacífico, argumentando que se realizan nuevas pesquisas para determinar si en este proceso existen nuevos presuntos delitos.

En este caso se vincula a los doctores Leonardo Labrador y su esposa Ana Lorena Chang.

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