Juan Carlos Varela no pudo zafarse del escándalo Odebrecht y seguirá imputado de cargos

El expresidente Juan Carlos Varela no logró su propósito de anular los cargos por lavado de dinero procedente de los fondos de Odebrecht y que se dejen sin efectos las medidas cautelares de país por cárcel, luego que la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales contra las decisiones adoptadas el 30 de junio de 2020 por la fiscal Ruth Morcillo.

Ocho magistrados del Pleno votaron contra la admisión y hubo una abstención del suplente del magistrado Olmedo Arrocha.

Hay que recordar que el magistrado Arrocha fue designado por el exmandatario Varela en la Corte Suprema de Justicia, en el ocaso de su mandato.

A finales de septiembre y a través del abogado y exfiscal Orison Plinio Cogley Monterrey, el expresidente Varela presentó ante la Corte un amparo de garantías constitucionales que fue repartido a la magistrada Maribel Cornejo.

En la práctica, Varela buscaba quedar fuera del expediente Odebrecht, donde existen declaraciones que le atribuyen la presunta recepción de $10.7 millones de los brasileños.

La defensa de Varela alegaba que la Fiscalía Anticorrupción, como parte de la jurisdicción ordinaria, no era la autoridad competente para formularle cargos e indagar al expresidente, sino que le tocaba llevar el caso a la jurisdicción electoral, por tratarse de una investigación que rodea la recepción de donaciones políticas por candidatos a puestos de elección popular durante los períodos de campañas políticas.

En su argumento, hacen referencia a disposiciones de la Constitución y al Código Electoral, así como en las manifestaciones de su primo, el excónsul Jaime Lasso, también imputado por lavado de dinero, y los testimonios de Jean Carlo Del Cid (director nacional de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Electoral) y de Yara Campos (directora ejecutiva del Tribunal Electoral y designada por Varela magistrada suplente).

Sin embargo, durante la gestión de Varela y estando Kenia Porcell al frente de la Procuraduría, al excandidato presidencial José Domingo Arias, por la recepción de donaciones durante el período de campaña política, se le indagó y ordenó su detención preventiva.

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Medidas que fueron ejecutadas bajándolo de un avión a punto de despegar y exhibiéndolo públicamente, decisiones que luego fueron declaradas ilegales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El amparo de Varela aludió a los testimonios de dos altos funcionarios del Tribunal Electoral recibidos por la Fiscalía Anticorrupción, en atención a lo dispuesto en el artículo 2099 del Código Judicial, que ordena que el funcionario de instrucción cuidará de hacer constar todo lo que favorezca o le sea adversa a los indagados.

Sin embargo, esa disposición no era aplicada por los fiscales entre el 1 de enero del año 2015 y el 1 de enero de 2020, durante la administración del expresidente Varela y la ahora ex procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

Varela ha sostenido que los fondos que le trianguló Odebrecht eran donaciones para su campaña. La idea del exmandatario Varela era que la Corte Suprema le admitiera su tesis y luego cuando el caso llegara al Tribunal Electoral, pedir que se le aplicara lo establecido en el artículo 499 del Código Electoral, que señala que la acción penal en los delitos electorales prescriben a los tres años.

En el Tribunal Electoral, actualmente hay dos magistrados designados por Varela: Eduardo Valdés Escofery y Alfredo Juncá.

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Varela se negó reiteradamente a explicar a los medios su implicación en el escándalo Odebrecht.