La procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell, hizo todo lo posible para forzar la compra directa del metabuscador a la empresa española Innotec Entelgy, con sede en España, por un monto total de 610 mil 206 dólares. El contrato se firmó el 14 de julio de 2017, cuando Porcell contaba con el respaldo del entonces presidente Juan Carlos Varela.

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Un desglose de gastos presentados por la empresa revela que la codicia de la procuradora por contar con una máquina que simula los servicios de un centro de espionaje en la Internet, la llevó a no escatimar recursos financieros para lograrlo.

Documentos a los que tuvo acceso Panamá América revelan que Innotec le incluyó al Ministerio Público 77 mil 969 dólares en viáticos y viajes entre Panamá y España. Incluso se conoció que la propia Porcell habría viajado a España, con el actual subsecretario Daniel Arroyo, en momentos que se negociaba la compra de la poderosa máquina capaz de procesar correos electrónicos, información bancaria, imágenes y datos confidenciales de cualquier persona. Para esas fechas, Arroyo era el guardaespaldas asignado por la Policía Nacional a Porcell, más tarde escaló rápidamente del rango de mayor a comisionado, hoy es la figura más allegada a Porcell y con mayor poder dentro del Ministerio Público.

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Dentro de la contratación del metabuscador, se conoció que el Ministerio Público también pagó a Innotec 151 mil 322 dólares por los servicios de un equipo de expertos en gestión gubernamental, 18 mil dólares por un programador, más $89 mil 170 en contratación de otro personal bajo la representación de la empresa española.'

$18

mil por un programador pagó el Ministerio Público, según el contrato,

$89

mil 170 contratación de otro personal bajo la representación de la empresa española.

La empresa prometió al Ministerio Público cinco capacitaciones con una duración de seis horas diarias, incluyendo secciones teóricas y prácticas, para que los administradores y usuarios se familiarizaran con la herramienta y el potencial que tiene la misma para realizar búsquedas de la información, dice textualmente uno de los documentos intercambiados por el equipo de Porcell y los representantes de Innotec.

El metabuscardor, una máquina compuesta entre sofware y hardware, tiene la capacidad para documentar todo tipo de información con alcances desconocidos hasta la fecha y que la procuradora Porcell se ha negado a explicar ante la solicitud formal de Panamá América.

Los abogados Jamis Acosta Guerra y Luis Eduardo Camacho presentaron ante la Procuraduría de la Administración una denuncia ciudadana contra Porcell y Arroyo por la supuesta comisión del delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones o cualquier otro delito en que haya incurrido, tras la compra y operación del metabuscador.

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La denuncia quedó abierta a todos los posibles responsables del supuesto delito, y entre los que se mencionan en el recurso está Yoni Contreras Samudio, el secretario administrativo de la Procuraduría y quien se jacta de tener una cercanía o relación con uno de los familiares directos de Porcell, según fuentes del propio Ministerio Público y la denuncia.

También se menciona e incluye al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López. Fue desde el Consejo de Seguridad donde Porcell empezó a armar los expedientes de interés del expresidente Varela, quien luego la nombra procuradora. Además, se pide investigar la posible participación del ex subdirector de la Policía Nacional, Jacinto Gómez.

La denuncia que debe entrar a evaluar la Procuraduría General de la Administración advirtió que debido a publicaciones periodísticas "se hace de conocimiento público la existencia de una presunta organización criminal que ejecutaba desde oficinas ubicadas en la sede principal de la Procuraduría de la Nación supuestos delitos que atentan contra la seguridad de los medios electrónicos y que se perfeccionan a través de conductas delincuenciales que atentan contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones de los servidores públicos".

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